El 1 de octubre de 1931, Clara Campoamor defendía en el Parlamento el sufragio universal femenino trasladando un claro titular que, a pesar del tiempo transcurrido, aún hoy sigue sin calar en nuestra sociedad: que la mujer era ciudadana antes que mujer. Con su defensa, consiguió (hace ya prácticamente 90 años) que, en diciembre de 1931, España aprobara el voto femenino en la nueva Constitución.
Aun cuando el Derecho ya se había reconocido, varios años después, en 1935, el discurso de esta abogada seguía sin aceptarse, provocando su insistencia en “El voto femenino y yo: mi pecado mortal”, donde reafirmó la necesidad y “la responsabilidad de dar entrada a esa mitad de género humano en política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un sexo solo: alumbrar; las demás las hacemos todos en común, y no podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados, fuera de nosotras”.
Han pasado muchos años desde entonces y hoy escribo este artículo como Socia del departamento procesal de Gabeiras&Asociados, nombramiento que llegó, por cierto, siendo conocedores mis socios de mi intención de ser madre, y tramitándose la formalización (tardíamente por causa de la covid-19) de mi nombramiento, estando ya embarazada.
Hago referencia a mi realidad laboral y familiar actual, consciente de las enormes carencias educativas que acerca del empoderamiento femenino se siguen teniendo; y consciente también del freno que supone en muchas carreras como la mía, la necesidad de conciliación familiar.
Resulta necesaria tal referencia por cuanto he tenido que oír a más de una conocida tachar de milagro que mis socios me hayan ascendido prácticamente en pleno embarazo, (algunas de ellas fueron despedidas precisamente por estarlo. Sí, en este siglo y hace pocos años); y resulta necesaria porque debe quedar claro que no se trata de ningún milagro: lo único que han hecho es considerarme ciudadana, abogada, compañera, antes que mujer.
Ésta es la situación que en 2021 tenemos, y, a pesar de ello se sigue discutiendo acerca de la necesidad de defender e incluso manifestarse sobre el feminismo. Se cuestiona lo superfluo de empoderar a la mujer. En una sociedad en la que encontramos a una mayor parte de mujeres en la abogacía (entrando ya en el terreno que más conozco); en la judicatura (el 54% de los miembros de la carrera judicial son mujeres) o en cualquier ámbito jurídico, pero pocas o ninguna en la cima de los órganos de mayor relevancia.
Por poner dos ejemplos, en la actualidad, en el Tribunal Supremo (compuesto por el presidente del Tribunal Supremo, el vicepresidente, los cinco presidentes de sala y setenta y cuatro magistrados) tan sólo diez son mujeres, lo que supone un 12,34% del total. No fue hasta julio del año pasado, cuando recibimos la noticia de que el Tribunal Supremo tendría por primera vez una mujer presidenta de sala. En cuanto al Tribunal Constitucional, en toda su historia, tan sólo seis mujeres han sido parte de este órgano.
Los años no pueden pasar en balde; los esfuerzos de grandes voces como la de Clara Campoamor, o de otras más calladas como la de mi madre y mi abuela, no pueden ignorarse tiñendo de neutro el empoderamiento femenino.
Es un hecho que la diversidad de género permite mejorar el rendimiento de las empresas y favorece alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero aun resulta necesario un mayor compromiso no solo público, sino también privado y particular de cada una de nosotras, en el que se promueva la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel, integrando mujeres y hombres que promuevan la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres, y a favor del empoderamiento de las mujeres. Un compromiso de nosotras mismas con nuestro lugar como ciudadanas, en el que no permitamos que nuestra propia percepción considere como un milagro o mera suerte, un gran logro femenino.
Tenemos que aprender a ejercer aquellos derechos que tenemos reconocidos como ciudadanas, pues si no se ejerce un derecho, corremos el riesgo de que continúe por un siglo, simplemente en un papel.
