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29/09/2022. 13:22:15

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Contratos públicos, empoderamiento de la mujer y crecimiento económico

María Asunción Sanmartín Mora. Jefa de Servicio de Régimen Económico y Contratación en Gobierno de Aragón

Siempre me han interesado mucho las cuestiones sobre igualdad de género  ̶ formo parte de la Asociación Mujeres del Sector Publico[1]  ̶   y profesionalmente me he especializado en la gestión de la contratación pública, de forma que desde que descubrí que ambas cosas podían estar interrelacionadas, he dedicado mucho de mi tiempo a estudiar como los contratos públicos pueden ayudar a cerrar la brecha de género.

La igualdad de género es uno de los grandes retos de nuestro tiempo y hay que ser conscientes de que lograrla exige profundos cambios estructurales en la sociedad y en la economía. Por otra parte, hay que abordarla desde una perspectiva global y considerar la situación de la mujer en el mundo. No puede ser de otra forma porque los datos son contundentes. Según el Índice de Género de los ODS de 2019[2] solo 287 millones de mujeres vivimos en países con un nivel bueno en materia de género, mientras que 1.382 millones lo hacen en países con un sistema deficiente y otro tanto, 1.394 millones, viven en países en los que la situación de la mujer es muy deficiente.

Si analizamos nuestro entorno, veremos que la Unión Europea ha realizado avances considerables en materia de igualdad de género, que la han llevado a conseguir que 14 de los Estados miembros se sitúen entre los 20 países de todo el mundo que van a la cabeza en materia de igualdad de género, aunque hay que reconocer que las diferencias entre los Estados europeos son importantes[3].  La estrategia para conseguir estos buenos resultados se ha basado en dotarse de legislación sobre igualdad de trato, integrar la perspectiva de género en el conjunto de las políticas públicas y adoptar medidas concretas de promoción de la mujer.

En mi opinión, el gran acierto de la estrategia europea en materia de igualdad ha sido entender que para conseguir la igualdad de género no basta con que el marco jurídico reconozca el principio de igualdad entre mujeres y hombres, es necesario que los poderes públicos desarrollen políticas activas para hacer efectiva esa igualdad en todos los ámbitos de la acción pública, mediante su inclusión sistemática en todas las áreas y en todos los niveles, a todo el ciclo de una actuación (diseño, implementación, seguimiento y evaluación). Es lo que se denomina transversalidad.

Por otro lado, la incorporación de la perspectiva de género no solo se realiza de forma transversal en toda la acción política, sino que se aplica utilizando la interseccionalidad, teniendo en cuenta la combinación del género con otras identidades o características personales —raza, discapacidad, etc.—y la forma en que estas intersecciones originan situaciones de discriminación singulares.

Uno de los resultados de la transversalidad ha sido la integración de la perspectiva de género en la contratación pública, utilizando los contratos públicos para luchar contra la discriminación y fomentar la igualdad de género.

Me gustaría desarrollar brevemente dos ideas que me resultan particularmente interesantes: la posibilidad de utilizar la contratación publica para ir más allá de promover la igualdad de genero y usarla para potenciar el empoderamiento económico de la mujer y, relacionado con ello, analizar como los avances en igualdad de género generan desarrollo económico.

Desde mi punto de vista, en políticas de genero ha habido una evolución. A los objetivos iniciales de conseguir la igualdad se ha añadido buscar el empoderamiento de la mujer y eso queda claramente reflejado en el ODS 5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

El concepto de empoderamiento femenino tiene su origen en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (Pekín, 1995) y se refiere al “aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder”.

Aunque la brecha entre hombres y mujeres existe en todos los sectores, en la economía es especialmente relevante, ya que se aprecia una escasa presencia de mujeres en el mundo empresarial, y en las principales instituciones y órganos decisorios de política económica. Por apoyarnos en la fuerza de los datos podemos recordar que en España, solo tres de cada 10 empresas son propiedad de mujeres, la tasa de emprendimiento femenino (4,8%) es inferior a la de los hombres (5,6%) y la brecha de género es especialmente evidente al hablar de liderazgo pues solo el 33% de las empresas están dirigidas por mujeres[4]. Y si hablamos de contratos públicos, aunque existe mucho margen de mejora en cuanto a la calidad de los datos en este ámbito, un estudio reciente de la contratación pública en la Unión Europea constató que el 26% de los gerentes de los proveedores son mujeres y solo el 16,5% de los proveedores de contratos de gran valor tienen en sus equipos mayoría de mujeres[5]. Estos datos están en la línea de otros países desarrollados, las empresas propiedad de mujeres solo obtienen el 4.7% de los contratos federales en los Estados Unidos Estados, y solo el 10% de los proveedores de PYME del gobierno canadiense son propiedad de mujeres[6].

Mientras que la Unión Europea se ha centrado fundamentalmente en utilizar la contratación pública para impulsar la igualdad de género entre los adjudicatarios de los contratos incluyendo cláusulas dirigidas a facilitar la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, reducir la segregación sectorial y ocupacional, o a garantizar la igualdad de trato en el puesto de trabajo, por ejemplo, en otros países se pone también el énfasis en impulsar el empoderamiento femenino favoreciendo la participación de las mujeres en las licitaciones públicas con actuaciones que van desde desarrollar programas ambiciosos de capacitación y comunicación hasta llegar a reservar contratos a empresas que son propiedad o están lideradas mayoritariamente por mujeres. ChileCompra, el organismo central de contratación de Chile, adoptó una directiva de fomento a la participación de empresas dirigidas por mujeres en el mercado de la contratación pública. Creó el “Sello Empresa Mujer” para identificar a las empresas dirigidas por mujeres, o cuyas propietarias mayoritarias sean mujeres, y ofreció capacitación para apoyarlas. Esto dio lugar a que la participación de las empresas propiedad de mujeres en la plataforma de contratación electrónica aumentara en un 25 %[7]. República Dominicana, aprobó una ley que establece un programa de compras preferentes para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y legisló que el 20 % de las compras a través de ese programa debe hacerse a empresas dirigidas por mujeres[8].  EEUU ha establecido un programa de contratos federales para pequeñas empresas propiedad de mujeres (WOSB) con el objetivo de que el cinco por ciento de la inversión federal en contratación se otorgue a pequeñas empresas propiedad de mujeres[9].

Si alcanzar la igualdad de género efectiva y la participación de la mujer en la vida económica no estuviera suficientemente justificado con razonamientos de equidad, existe otro motivo más materialista, los beneficios que puede reportar a la economía.

La Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Unión Europea considera que la igualdad de género propicia la creación de puestos de trabajo y una mayor productividad, un potencial que se debe materializar al iniciar las transiciones verde y digital y hacer frente a los retos demográficos.

Y recurriendo de nuevo a los datos, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género ha cuantificado los beneficios económicos de la igualdad de género en la Unión Europea[10]. Para 2050, la mejora de la igualdad de género conduciría a un aumento del PIB per cápita de la UE entre un 6,1 y un 9,6 %. Este fuerte impacto económico supone que las políticas de igualdad de género tienen un mayor efecto en el PIB que las políticas de mercado laboral y educación. Asimismo, estima que las mejoras en la igualdad de género conducirían a 10,5 millones de empleos adicionales en 2050.

Si miramos a nuestro país, el Indice Closing Gap, elaborado por PwC[11], considera que cerrar la brecha de género en España sumaría anualmente alrededor de 231.000 millones de euros al PIB, alrededor del 18%.

Espero que estas reflexiones nos animen a seguir buscando vías para el empoderamiento de la mujer como un objetivo que nos beneficia a todos.


[1] Mujeres en el Sector Publico es una asociación que aglutina a todas las mujeres empleadas públicas con el objetivo de dar mayor visibilidad al talento y al trabajo que desarrollan. https://mujeresenelsectorpublico.com/

[2] Índice de Género de los ODS de la coalición Equal Measures 2030. Disponible en https://plan-international.es/indice-de-genero-de-los-ods-de-la-coalicion-equal-measures-2030

[3] https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021

[4] Índice de Mujeres Emprendedoras de Mastercard 2021 (MIWE2021). Disponible en https://www.mastercard.com/news/MIWE

[5] Fazekas, M. & Kazmina, Y. & Wachs, J. (2020). Gender in public procurement: Extent, distribution, and

impacts. European Bank for Reconstruction and Development.

[6] Towards Gender Balance in Public Procurement. Disponible en www.open-contracting.org

[7] Informe para documentar los desafíos y oportunidades para empoderar a las empresas dirigidas por mujeres de Value for Women y Open Contracting Partnership (OCP)

[8] Compras públicas con perspectiva de género. Avances y desafíos en América Latina para dinamizar a las empresas lideradas por mujeres como motor de la recuperación post COVID-19. ONU Mujer.

[9] https://www.sba.gov/federal-contracting/contracting-assistance-programs/women-owned-small-business-federal-contracting-program

[10] Beneficios económicos de la igualdad de género en la UE. EIGER. Disponible en https://eige.europa.eu/

[11] Disponible en https://closingap.com/

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