La iniciativa de la Fundación Aranzadi LA LEY Mujeres por Derecho te ofrece con motivo del Día de la Mujer una selección de artículos de mujeres juristas con un eje común: el cumplimiento de la igualdad supone una forma de enriquecer y democratizar la sociedad. Desde su lanzamiento en abril de 2021 Mujeres por Derecho ha contado con la participación de más de 300 juristas, lo que le convierte en el foro de referencia para el debate sobre el pasado, presente y futuro del papel de las mujeres en la profesión jurídica.
Es en los últimos años cuando la sostenibilidad, la transparencia y el compromiso medioambiental y social han irrumpido con fuerza y, con ello, están rediseñando y concretando los aspectos más tradicionales de la responsabilidad social corporativa. Al referirse a la responsabilidad social se alude a la protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, la conciliación de la vida profesional y familiar, la prevención de riesgos y salud laborales, la ética en los negocios, la transparencia, la reputación y el buen gobierno corporativo o la integración de discapacitados. A la responsabilidad social corporativa y a la sostenibilidad se vinculan los denominados criterios environmental, social and governance (ESG) que de forma cada vez más relevante informan la sostenibilidad empresarial y la inversión socialmente responsable. La preocupación porque las empresas mejoren la información social y medio ambiental que dan a conocer no es una preocupación nueva, aunque es en los últimos años cuando han ido adquiriendo mayor relevancia legislativa, en el seno de la evolución de la responsabilidad social de las empresas. El objetivo fundamental que preside este impulso legislativo es que mejore la responsabilidad y transparencia empresarial, en aras de la sostenibilidad, lo que, entre otras cuestiones, requiere que se difunda esta información. En este contexto, se sitúa el Estado de Información No Financiera (EINF), que en el devenir legislativo recibe un significativo impulso con la Directiva 2014/95/UE, de 22 de octubre. Este marco, no obstante, está abocado a modificarse tras la aprobación de la Directiva (UE) 2022/2464, de 14 de diciembre, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), en la búsqueda de que la información que se divulgue sea más accesible, relevante, contrastada y fiable. Además, la lista de cuestiones de sostenibilidad sobre las que las empresas deben informar se considera que debe ser lo más coherente posible con la definición del término «factores de sostenibilidad» establecida en el Reglamento (UE) 2019/2088, de 27 de noviembre, y debe corresponder a las necesidades y expectativas de los usuarios y empresas, que a menudo utilizan los términos «medioambiental», «social» y «gobernanza» como medio para clasificar las tres cuestiones principales de sostenibilidad (ESG). Sin embargo, se incide en que la definición del término «factores de sostenibilidad» establecida en el Reglamento (UE) 2019/2088 —toda información relacionada con cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, y con el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno— no incluye expresamente las cuestiones de gobernanza. La definición del término «cuestiones de sostenibilidad» en la Directiva 2013/34/UE, en su versión modificada por la Directiva 2022/2464, de 14 de diciembre, debe comprender, por tanto, los factores medioambientales, sociales, de derechos humanos y de gobernanza e incorporar la definición del término «factores de sostenibilidad» establecida en el Reglamento.
En este contexto, la consecución de una igualdad efectiva, entre otros ámbitos, en el referido al acceso en igualdad de oportunidades a los puestos directivos y de responsabilidad económica y empresarial es un objetivo largamente perseguido, que ha de incluirse en el ámbito de la gobernanza empresarial y que recibe un significativo impulso con la Directiva (UE) 2022/2381, de 23 de noviembre. La transposición al Derecho español de la referida Directiva se lleva a cabo con la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. El objetivo ha de ser implementar medidas que garanticen la igualdad efectiva en los consejos de administración y puestos de alta dirección empresariales, sin eliminar la libre capacidad de decisión de las empresas. En este marco, el avance en la consecución de objetivos de igualdad material en cuestión de género en los órganos de gobierno de las empresas europeas ha mejorado significativamente en los últimos años, pero aún se requieren medidas dirigidas a acelerar este proceso que, en suma, son muestra de la representatividad que requiere el entorno social y que revierten de forma positiva en la gestión empresarial. Las medidas legales en sede de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres se proyectan, entre otras, sobre sociedades cotizadas y grandes sociedades, delimitando un marco obligacional cuyo incumplimiento podrá acarrear sanciones, pero, sobre todo, estableciendo unos objetivos de representatividad más adaptados al entorno social en el que las empresas desarrollan su actividad.
En definitiva, el gradual proceso de transparencia al que se viene sometiendo a las sociedades y entidades mercantiles se ha centrado, en algunas ocasiones, en el fomento de mecanismos individuales y voluntarios de compromiso informativo y procedimental y, en otras, en determinaciones que han trascendido del esquema voluntario y se han acabado imponiendo en la regulación legal de los entes societarios. Estas consideraciones ponen de manifiesto el marco de ampliación legal del compromiso de las empresas en el cumplimiento de objetivos que se consideran dignos de protección por la sociedad. Lo deseable es que el mayor número de empresas, con independencia de la forma jurídica que adopten, asuman un compromiso —razonable y realista— con las cuestiones de sostenibilidad, en atención al sector que actúen y a su entidad. Una gestión adecuada y eficiente de los compromisos y de los riesgos no solo está alineada con los objetivos de los inversores a largo plazo, sino que la atención empresarial a los indicadores medioambientales, sostenibles y de gobernanza redunda en un mejor posicionamiento.
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