Dentro del ámbito jurídico actual todos conocemos aquellos grandes juristas que construyeron leyes inexistentes durante cambios sociales trascendentales, modificaron las que estaban en vigor adaptándolas a las nuevas circunstancias o sentaron jurisprudencia a raíz de casos de gran relevancia y calado social.
Se me vienen a la cabeza, y como a mí seguramente a mis compañeros de profesión, grandes referentes que se estudian en las aulas de la universidad de Derecho, desde Charles Luis de Secondat (Barón de Montesquieu),cuya aportación fundamental en el año 1689 fue la doctrina de la separación de poderes que hoy día es de aplicación, los siete padres de la Constitución Española, que sentaron las bases de nuestra actual regulación y que la desarrollaron posteriormente con otras muchas aportaciones o clásicos abogados de gran prestigio, como Antonio Garrigues Walker. Sin embargo, ¿qué hay de aquellas mujeres juristas que igualmente hicieron historia o de las que actualmente lo hacen en nuestro país?
Tengamos en consideración que el acceso de la mujer al ejercicio de la profesión de abogado en España fue vetado desde el siglo XIII en virtud del cuerpo legal de Las Siete Partidas, en el que se indicaba expresamente que «Ninguna mujer cuanto quiera que sea sabedora, no puede ser abogado en juicio por otro [ … )» y se mantuvo en el Ordenamiento de Alcalá de 1348. No fue hasta la Real Orden de 11 de junio de 1888 que se recogió el derecho a la mujer a estudiar en la universidad, aunque sometido siempre a la consulta y autorización del rector y únicamente a efectos académicos, pues no podían ejercer ni colegiarse como abogado.
Posteriormente, tras la incorporación de la mujer a la profesión en otros países europeos, el Colegio de Abogados de Madrid fue el pionero en introducir esta posibilidad mediante la aprobación de sus Estatutos por Real Orden de 27 de Abril de 1920 y, finalmente, la aprobación del Estatuto General de lo Abogacía del mismo año, en el que desaparece todo requisito de género más allá del necesario de titulación académica universitaria, aplicándose en el resto de colegios sin necesidad de habilitación normativa expresa.
Es decir, seguramente desconozcamos los nombres de muchas juristas que intervinieron e influyeron en el desarrollo del Derecho español hasta que fue posible la incorporación a la profesión. Es por ello por lo que este artículo va destinado a recordar aquellas importantes juristas de las que sí tenemos información porque dieron grandes pasos en ámbitos destacables en la regulación de nuestro país, y muy especialmente aquellos encaminados a la defensa de los derechos de la mujer con independencia de las corrientes políticas e ideológicas de la época.
Así, la primera española que, no solo estudio la carrera de derecho, sino también sociología, historia, filosofía e idiomas, fue Concepción Arenal (1820-1893). Para poder acceder a la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid, se cortó el pelo y se disfrazó de hombre durante los primeros años. Al ser descubierta, el rector de la universidad autorizó expresamente su asistencia a clase siempre que fuese acompañada por un bedel y sentada en un lugar diferente al del resto de compañeros en el aula.
Ha sido considerada la precursora del Trabajo Social en España, ya que luchó por la condición de los obreros, sobre todo respecto al papel de la mujer y, como penalista, fue quien propuso e inició la función educativa del sistema penitenciario para que los prisioneros se reintegrasen en la sociedad en lugar de castigarlos y repudiarlos.
Por su parte, Victoria Kent (1889-1987), fue otra de las grandes abogadas y políticas españolas a destacar. Su currículo no es menos asombroso, pues fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid en 1925 y se dio a conocer por ser igualmente la primera mujer en ejercer como abogada ante el Tribunal Supremo de Guerra y Marina, defendiendo y consiguiendo la liberación de Álvaro de Albornoz, miembro del Comité Revolucionario Republicano, que se había visto detenido y procesado debido al fracaso de la sublevación de Jaca que sucedió en diciembre de 1930. Tras dicho existo, fue elegida en 1931 miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y, en 1933, de la Asociación Internacional de Leyes Penales de Ginebra.
Sin embargo, no solo sería pionera en lo mencionado anteriormente, sino que fue la primera mujer que abrió un despacho de abogados en España, cuya especialización era derecho laboral.
Pero sin lugar a duda, una de las mujeres que hicieron historia no solo en el derecho español sino en la defensa de los derechos de la mujer en nuestro país fue Clara Campoamor (1881- 1972). Con 36 años se convirtió en una de las pocas abogadas de la época en España ejerciendo su profesión, la segunda en colegiarse en el Colegio de Abogados de Madrid (después de Victoria Kent), la primera en defender un caso ante el Tribunal Supremo, así como igualmente la primera en hablar ante el Congreso como diputada y en pronunciarse ante la Sociedad de Naciones (actual ONU).
Siempre la recordaremos como la mujer que impulso el sufragio femenino en España y que fue integrado en la Constitución Española en el artículo 36 de la misma en el año 1931. Además de esta lucha, Clara Campoamor estuvo muy implicada en la elaboración de la Ley del Divorcio, promovió la regulación del trabajo de las mujeres y los niños y las investigaciones sobre la paternidad de los hijos ilegítimos.
Muestra del reconocimiento a esta gran jurista es la creación en 2005 del Premio Mujer y Parlamento “Clara Campoamor” que otorga el Congreso de los Diputados, el Senado y el Ministerio de Presidencia, cuyo objetivo es visualizar y reconocer la mujer dentro de la política.
Llama la atención que, si bien Victoria Kent y Clara Campoamor coincidieron ante las Cortes Españolas en 1931 en relación con el debate sobre el sufragio femenino, ambas tenían ideas contrapuestas, pues la oposición de la primera se basaba en que la mujer española carecía en aquel momento de la suficiente preparación social y política debido a la influencia de la Iglesia, mientras que la segunda defendía la igualdad de todos los seres humanos con independencia del resultado en las urnas.
No podía dejar sin hacer valer la importantísima labor de María Telo (1915-2015), jurista española Doctorada Honoris Causa por la Universidad de Salamanca y con numerosos premios, como el Premio Scevola en 2011 y el Premio Clara Campoamor en 2006.
Entre muchas de las labores a destacar dentro de su especialización en materia civil, es de resaltar su Participación en la Comisión General de Codificación, que es, desde su creación en 1843, el máximo órgano consultivo del Ministerio de Justicia. Dentro de este órgano, en 1972 se formó una sección especial junto a otras tres juristas reconocidas, Carmen Salinas Alfonso, Concepción Sierra Ordóñez y Belén Landáburu, cuyo trabajo culminó con la promulgación de la Ley 14/75 de 2 de mayo de 1975, que devolvió a la mujer su capacidad plena de obrar al eliminar la obediencia al marido, esto es la licencia marital. Esto supuso una liberación en el normal desarrollo de la vida de las mujeres, ya que necesitaban el permiso del esposo para casi todo. Sin embargo, después de la aprobación de esta ley, pudieron aceptar herencias, abrir cuentas en el banco, trabajar y disponer de su salario, ser también cabeza de familia o administrar los bienes gananciales.
Además de las anteriormente expuestas, cuya labor profesional y social marcaron un antes y un después en la sociedad española, tenemos que destacar muchas otras profesionales que también desarrollaron y desarrollan un papel fundamental como juristas y mujer, siendo motivo de inspiración y ejemplo.
Entre ellas consta Matilde Huici Navaz, que tras estudiar la carrera y doctorarse en la especialidad de criminología, se dedicó a la modernización del sistema de protección de menores delincuentes y en peligro de marginación en España, María del Carmen López Bonilla, que además de ser la primera mujer en España en obtener el título de Derecho de forma oficial, fue una de las impulsoras para que se permitiera a las mujeres acceder a los Cuerpos Jurídicos del Notariado y de Registradores de la Propiedad o Josefina Arrillaga Lansorena, doctorada y catedrática de Derecho Procesal, que defendió ante el Tribunal de Orden Público el derecho a la libertad de asociación y de expresión.
De igual forma, María de la Concepción Sierra Ordoñez, que fue conocida en el área del Derecho de Familia en 1981 cuando interpuso la tercera demanda de divorcio registrada en los juzgados civiles. Tras este procedimiento, fue miembro fundador de la Asociación de Mujeres Juristas y de la Asociación de Abogados de Familia. Fruto de su carrera tiene numerosos reconocimientos, entre los que cabe destacar la Cruz de Honor de la Orden de Raimundo Peñafort en 2011, por su relevante contribución al desarrollo del Derecho.
Del mismo modo resulta inspiradora la labor de Francisca Sauquillo Pérez del Arco en el área de derecho laboral, pues fundó en su casa el primer despacho especializado de Madrid, implicándose en los movimientos que llevaron a la creación de las primeras asociaciones de vecinos. Entre numerosos procesos relevantes en la historia de nuestro país, cabe destacar su participación en el famoso proceso 1001 del Tribunal de Orden Público, que finalizó con la condena a prisión de toda la dirección del sindicato Comisiones Obreras. Asimismo, en el año 1969 ejerció como letrada en el caso VILDA, defendiendo a las víctimas de una de las primeras grandes estafas de vivienda en Madrid que afectó a más de 3.000 personas, sentando jurisprudencia sobre las estafas piramidales.
Asimismo, es de resaltar el trabajo de Cristina Alberdi Alonso, pues durante la Transición participó como asesora en los trabajos preparatorios de la Constitución y en las leyes de reforma de los códigos Civil y Penal. En octubre de 1985 fue la primera mujer que accedía al puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial y en 1993 fue nombrada ministra de Asuntos Sociales en el último gobierno de Felipe González. Junto a ella fue nombrada Ángeles Amador Millán como ministra de Sanidad, puesto que no ocupaba una mujer desde 1036, y que destacó por importantes contribuciones a la sanidad española, tales como la libre elección de médico especialista y pediatra, así como la ampliación de la cobertura pública a la salud bucodental y psiquiatría.
Por último, Sonia Gumpert, que en 2012 ganó las elecciones y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de decana en la historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Bajo su mandato se celebraron las primeras cinco ediciones de la Cumbre de Mujeres Juristas.
Como se puede comprobar, además de las pioneras que lucharon por incorporarse en esta profesión y abrieron el camino al resto de compañeras, muchas son las juristas que continuaron su importantísima labor y que sirven de inspiración y ejemplo a las posteriores y actuales generaciones de abogadas que disfrutamos el ejercicio de la abogacía y que aprendimos de ellas la verdadera finalidad de su ejercicio, que no es otro que conseguir una sociedad lo más justa e igualitaria posible.
