La conciliación es una necesidad de la abogacía en general y debe ser un derecho universal de hombres y mujeres. Existen varias iniciativas para visibilizar dicha necesidad, desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y recientemente la implementada por el ICAM (bajo el lema “ICAM por la conciliación”) que pretende concienciar a las instituciones y a la opinión pública de facilitarla a quienes ejercen la abogacía.
Y ello, porque a pesar del importante papel constitucional que desempeña la abogacía como es la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía ante los tribunales de justicia, muchas veces carece del derecho a la conciliación. Para ello se proponen medidas concretas, tales como: la reforma de varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil con relación a la suspensión del proceso y vistas, la posibilidad de celebración de vistas a distancia, el derecho a la desconexión digital, etc.
Un gran avance en este sentido ha sido, por fin, declarar la inhabilidad a efectos procesales del 24 de diciembre al 6 de enero. Un cambio histórico, que los abogados venían reclamando desde hacía mucho tiempo.
Según una encuesta realizada entre más de 3.000 juristas por la International Bar Association, más de una tercera parte de los abogados considera que su trabajo afecta negativamente a su bienestar mental y casi la mitad reconoce que no lo explicaría en su trabajo por temor al efecto perjudicial que pudiese tener sobre sus carreras profesionales.
La imposibilidad de conciliar adecuadamente incide negativamente en la salud mental de los profesionales de la abogacía, por lo que es fundamental la detección temprana de síntomas, para frenar la ansiedad, síndrome del burnout y/o trastornos depresivos. También se deben adoptar medidas para combatir el estrés y la tensión, así como el apoyo frente a las adicciones (fármacos, consumo de alcohol y/o drogas) y asistencia psicológica.
En el caso concreto de las mujeres, tal y como se pone de manifiesto en una nueva encuesta “Las mujeres y la Salud” (Universidad de Alicante), la conciliación entre trabajo y familia impacta de manera muy positiva en su salud, ya que siguen mayores conductas saludables y tienen una mejor autopercepción de su salud. Sin embargo, el 50 % de las mujeres espera a tener síntomas graves para ir al médico.
La conciliación es hoy también una cuestión de género ya que, con la incorporación de la mujer al mercado laboral unida a la voluntad de vencer el techo de cristal, entendido como la limitación velada del ascenso laboral que limita sus carreras profesionales, muchas de ellas acaban renunciando a su derecho con el fin de no perder oportunidades.
Al mismo tiempo, en el caso de las mujeres abogadas, además de las dificultades de promocionarse, se añade el carácter estresante de la profesión (presentación de escritos en plazos inamovibles, exposición del caso ante el tribunal, espera del veredicto judicial…), las exigentes demandas de trabajo y el alto nivel de presión en el que se hallan.
Según estudios recientes en la composición de bufetes de nuestro país, se confirma que el techo de cristal en la abogacía es una auténtica realidad y que solamente el 21% de mujeres acceden a la condición de socio. Sin embargo, sí existe paridad en las plantillas de abogados en donde las mujeres representan la mitad de estas, pero pocas alcanzan puestos de máxima responsabilidad. Peor pronóstico es es si se atiende a quien lidera los despachos, ya que no hay apenas una mujer al frente de los mismos. Así, en términos estadísticos generales, las mujeres tienen puestos con menos sueldo, prestigio y proyección.
Es fundamental fomentar el liderazgo y la visibilidad femenina en el sector legal teniendo en cuenta además que en los grandes bufetes la competencia es muy alta y que muchos cuestionan las cuotas o las medidas de discriminación positiva, ya que entienden que solamente se debería atender a criterios de quienes son las personas que están más capacitadas según sus méritos.
A la vista de los recientes estudios en la materia, es evidente que las barreras continúan, que son difíciles de traspasar e impide a muchas mujeres seguir avanzando. También que la brecha salarial existe, ya las abogadas cuentan con unos ingresos económicos inferiores a sus compañeros.
Por último, hay que hacer referencia a las mujeres abogadas que trabajan por cuenta propia, en el que el estrés se acentúa más si cabe, en el sentido de que deben hacer frente al pago de diferentes gastos (cuotas de autónomos y/o mutua, cuotas colegiales, material, despacho, etc.) unido a la búsqueda y fidelización de clientela en un mundo muy competitivo y contando con menos recursos materiales y humanos que los grandes despachos. Y en muchas ocasiones, con deudas de clientes que no pagan o se retrasan en el abono de las minutas.
Nos queda mucho camino para recorrer, por lo que es fundamental que continúen iniciativas, programas y proyectos para lograr la conciliación efectiva y, en el caso de las mujeres, para que sea compatible con una igualdad real.
