Los primeros 5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo reclaman a AENA y Fomento más de 50 millones de euros.
A primera hora de esta mañana los abogados de Cremades & Calvo Sotelo han presentado en el registro de AENA un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial formulado en representación de mas de cinco mil afectados por el cierre del espacio aéreo declarado durante el pasado puente de diciembre.
El escrito de reclamación iba acompañado de más de veinte cajas de documentación, entre las que se incluyen las facturas y justificantes de los perjuicios soportados por los viajeros que aquellos días quedaron bloqueados en los aeropuertos, así como una síntesis de las diferentes vivencias sufridas y de los proyectos de viaje definitivamente frustrados.
Se solicita a AENA, como responsable solidario con los controladores:
- Indemnización por los daños materiales sufridos a consecuencia del caos aéreo acontecido principalmente los días 3 y 4 de diciembre. Estos daños se refieren, en general, a los gastos ajenos al proyecto de viaje original y que deben soportarse a raíz de la cancelación de los vuelos previstos. Se trata de gastos de hospedaje, manutención, anulación de reservas etc.
- Indemnización por daños morales, determinados en este caso por los fuertes trastornos sufridos: reuniones de trabajo, bodas, citas familiares, etc. La petición por daño moral se ha concretado en una cantidad estándar, cifrada en diez mil euros por afectado. Se pretende con ello evitar una complejísima, por no decir imposible, evaluación del impacto sufrido caso por caso fijando un importe que pueda ser considerado como una indemnización suficiente sin resultar desproporcionada.
Desde la fecha de presentación AENA dispone de seis meses para tramitar la reclamación y emitir su resolución final. El hecho de que sea juez y parte hace muy probable que sea desestimada. En ese caso la siguiente vía sería la Contencioso-Administrativa.
Rueda de prensa
Acerca de ello se estuvo debatiendo en la rueda de prensa que se ha celebrado hoy en el despacho madrileño, con enorme afluencia de medios. Atendieron a las preguntas Elena Fuente, Presidenta de la Agrupación de Afectados, Manuel Iglesias, ex magistrado de lo Social del Tribunal Supremo, Manuel Balado, profesor de Derecho Administrativo y miembro de la Cátedra Unesco, Luis Vericat, abogado encargado del caso en Cremades & Calvo-Sotelo y Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, ex Fiscal General del Estado, que representa a la Agrupación de más de 8.000 Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo español.
Manuel Iglesias insistió en que desde que se aprobó el Convenio Colectivo de AENA estaba habiendo tensiones, de modo que no era un hecho imprevisible todo lo que se desencadenó.
Se insistió, ante las preguntas de los asistentes, en que hay dos responsabilidades que confluyen, la de los controladores y la de AENA como empresa donde trabajan las personas que originaron el bloqueo. Se analizaron las posibles derivas del caso, como que se alegase insuficiencia de bienes para hacer frente a las indemnizaciones. En ese caso se estaría abriendo la puerta la la evaluación como delito.