Acuerdo para que los funcionarios públicos teletrabajen hasta cuatro de los cinco días de la semana

De dicha posibilidad podrán beneficiarse:

• Quienes tengan hijos menores de 14 años.
• Quienes estén al cuidado de personas dependientes o con discapacidad.
• Quienes pertenezcan a colectivos vulnerables al coronavirus.

El resto del personal podrá trabajar de manera «no presencial» al menos un día de la semana. El acuerdo, que en lugar de teletrabajo define esta modalidad como “no presencial” no establece una obligación. Estima no obstante que «hasta un 20 % de la jornada semanal será presencial» para los colectivos priorizables y que «un mínimo del 20% de la jornada semanal» será presencial para el resto del personal. Ofrece además la posibilidad de que el funcionario público que se haya acogido a esta fórmula solicite volver a la original si lo desea o si las necesidades del servicio lo requieren.

El acuerdo tiene por objeto concretar las medidas para adecuar el funcionamiento de la Administración General del Estado (AGE) y la reincorporación de su personal en la etapa de la nueva normalidad, en las modalidades tanto la ordinaria presencial como la no presencial.

El camino hacia la eficiencia y el ahorro de costes en la Administración

Ante una situación como la originada a raíz de la crisis sanitaria, la Administración debe proporcionar mecanismos que garanticen la continuidad del servicio jurídico y la conciliación entre la vida profesional y personal de sus trabajadores. Para lograrlo, se ha demostrado el potencial del teletrabajo, que no solo garantiza la prestación del servicio, sino que permite aumentar la productividad gracias a la movilidad del usuario y el acceso multicanal.

Unido a lo anterior, la adopción de infraestructuras en la nube proporciona una serie de beneficios, que incluyen la conversión del coste de capital en gastos operacionales y disminuir los costes generales.

La nube proporciona una reducción de costes en la Administración en las siguientes áreas:

• Mano de obra: número de trabajadores y horas de administración.
• Compra y mantenimiento de licencias.
• Soporte técnico y soporte al usuario.
• Mantenimiento (nuevas versiones del producto, actualizaciones, parches, etc.).
• Alojamiento (lugar físico, energía, enfriamiento, etc.).

Beneficios de dar el salto a una verdadera Administración Digital

La Administración Pública ha de posicionarse en la vanguardia del uso de nuevas tecnologías para hacer de tractor de la sociedad y economía españolas. Para ello, ha de emprender una transformación integral en sus servicios y procesos internos, así como convertirse en una Administración Digital en el sentido amplio del término. Estos son algunos de los principales beneficios:

• Las Administraciones públicas en general y sus servicios jurídicos, en particular, tienen que dar el salto hacia un proceso de transformación digital. Plantearse a estas alturas trabajar en la nube o no, es algo que carece de sentido, como se está demostrando recientemente con la crisis sanitaria propiciada por el COVID-19. El dilema se encuentra en seleccionar un proveedor de tecnología que garantice los máximos estándares de eficiencia en la organización del trabajo, de confianza en las respuestas y de seguridad.
• La adopción de infraestructura en la nube proporciona una serie de beneficios, que incluyen mejoras en el coste del capital destinado a gastos operacionales y disminuir por tanto los costes generales. Tal y como veremos a lo largo de este trabajo, además de movilidad y de seguridad, la inversión en soluciones nube proporcionan un ahorro a las instituciones que la implementan.
• Por tanto, invertir en tecnología no debe ser visto como un gasto sino, bien al contrario, como una política de ahorro, que además permite ganar en productividad del empleado público, ya que le permite trabajar cada vez más en temas de valor para minimizar los trámites administrativos.
• Además de aportar una mayor agilidad y estandarización a los procesos, proporciona la capacidad para transferir los recursos actualmente asignados a actividades de mayor valor añadido.
• La tecnología también posibilita homogeneizar procesos dentro de los equipos, para que el seguimiento del trabajo de las áreas sea más ágil mediante una estandarización de los procesos. El teletrabajo al que se ha tenido que adaptar la Administración durante estos meses ha demostrado el valor de la tecnología, que permite tener toda la trazabilidad de los procesos de trabajo, como por ejemplo ocurre con el seguimiento de los expedientes.
• Por último, pero no menos importante, la inversión en tecnología con acceso multicanal se traduce en una mejora de la productividad gracias al teletrabajo. La Administración debe proporcionar mecanismos que garanticen la continuidad del servicio jurídico y la conciliación entre la vida profesional y personal del personal de la administración.

Aranzadi Fusión Instituciones

Por tanto, las herramientas de nueva generación permiten a los servicios jurídicos de la Administración ser más eficientes, ahorrando tiempo y gastos. Aranzadi Fusión Instituciones, de Thomson Reuters, se configura como la primera y única plataforma del mercado para todo el ecosistema de información y gestión jurídica de los letrados de las administraciones estatal, autonómica y local. Permite integrar la función intelectual de asesoramiento con la gestión, seguimiento y automatización de los procesos del área.

Además de los beneficios mencionados, permitiendo la digitalización de los procesos de trabajo diarios, el control de la documentación y la integración de los expedientes con toda su documentación asociada (informes, normativa, formularios, etc.), Aranzadi Fusión Instituciones ofrece servicios exclusivos, entre los que cabe destacar:

• Consultoría: para la petición ilimitada de consultas en materia administrativa que ofrece respuestas avaladas por el prestigio de nuestros expertos.
• Reporting: cuadros de mando para medir el desempeño, carga y productividad del servicio,
• permitiendo la generación rápida y sencilla de informes y memorias jurídicas.
• Motor de recomendación: sobre otros fondos documentales que guarden relación con las búsquedas y perfil de cada uno de los usuarios.
• Alertas y avisos: por cambios en la normativa aplicada al expediente procesal o consultivo, sobre anotaciones realizadas en la agenda y sobre los movimientos de los expedientes.

La transformación digital, que toma cuerpo en las herramientas jurídicas de nueva generación, se ha convertido por tanto en una necesidad para los servicios jurídicos de la Administración.