El Consejo de Ministros dio ayer luz verde a dos anteproyectos de ley que afectan, respectivamente, a los derechos de los consumidores y de los funcionarios. Por un lado, aprobó el de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores. Este anteproyecto se centra en la defensa de los derechos de los consumidores, con el fin de lograr mayor eficacia en las acciones que se ejerzan de forma colectiva contra acciones y omisiones de un empresario que los consumidores consideren ilícitas. Por el otro, el anteproyecto de Ley de Función Pública. Se trata de la norma que impulsará la implantación de un modelo de recursos humanos público basado en las competencias
En cuanto al anteproyecto de Acciones de Representación para la Protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores, su principal objetivo es solventar la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado ante una posible práctica ilícita por parte de un empresario, ya que, si acude a la vía judicial, en la mayor parte de los casos hay una desproporción entre los gastos que esto conlleva respecto a las cantidades que el consumidor recupera, por lo que la nueva norma reforzará los derechos de los consumidores en acciones colectivas. Además, el APL regula por primera vez la posibilidad de llegar a un acuerdo, dentro del propio proceso, entre el consumidor y la empresa. Igualmente, se recoge la necesidad de que exista una reclamación previa antes de demandar por esta vía.
La nueva norma transpone la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, a los que se pretende dotar de instrumentos para ejercer sus derechos y obtener una compensación mediante un modelo de reclamaciones representativas común a los Estados de la Unión Europea (UE).
Así, la ley responde a la consideración de la protección de los consumidores como una prioridad, tanto a nivel de la UE como en España, donde la propia Constitución, en el artículo 51.1, establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios.
Hasta el momento, en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en legislaciones sectoriales se recogían algunos aspectos de la tutela efectiva de los derechos colectivos de los consumidores. Este anteproyecto de ley recoge todo un título nuevo en el que se definen las acciones de representación (resarcitorias y de cesación), así como la posibilidad de que se llegue a un acuerdo dentro del proceso y que el juez lo homologue, definiéndose todo un procedimiento para ello.
De este modo, el anteproyecto completa de manera integral los mecanismos de defensa de los intereses colectivos de los consumidores ya existentes en nuestro país, estableciendo un mecanismo de tutela colectiva y regulando las acciones civiles planteadas por las entidades habilitadas legalmente para defender estos derechos. Al mismo tiempo, se evita el ejercicio abusivo de la acción procesal y se refuerza la seguridad jurídica.
En el caso de las demandas resarcitorias, se establecen exigencias de difusión y publicidad a las decisiones relevantes del proceso y se considera esencial que la gestión del procedimiento cuente con el apoyo de una plataforma electrónica singular para cada proceso, que ha de servir para transmitir información a los afectados, para que estos puedan manifestar su voluntad, cuando proceda, y para que la información obtenida pueda ser utilizada de manera fiable por el tribunal o por el liquidador al ejecutar la sentencia.
Por otra parte, se articula como novedad procedimental la audiencia de certificación, en la que el tribunal comprobará que concurre la necesaria homogeneidad de las pretensiones y que la acción no resulta manifiestamente infundada. Si se cumplen los requisitos, el tribunal dictará el auto de certificación en el que se determinará el ámbito objetivo del proceso (en relación con qué conductas se admite la tutela colectiva) y su ámbito subjetivo (los consumidores y usuarios que han de verse afectados).
También es novedosa la regulación de los acuerdos de resarcimiento, como alternativa para poner fin a la controversia y tutelar de forma especial la posición jurídica de los consumidores y usuarios cuyos derechos e intereses están en juego en el proceso, que se delegará en el tribunal a través de la necesaria homologación para dotar al acuerdo de eficacia vinculante.
Reforma de la LEC y de la Ley de Defensa de los consumidores
El anteproyecto contempla las necesarias modificaciones y reformas en la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En el caso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se trata de crear un sistema unitario y coherente de tutela colectiva, que ponga fin a la actual dispersión normativa en la materia. De esta forma, proporcionará un procedimiento que permita contribuir a la mejor protección de los intereses colectivos de los consumidores.
En cuanto a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, las modificaciones pasan por identificar y regular las entidades que se consideran habilitadas o legitimadas para el ejercicio de estas acciones de representación, tanto a nivel nacional como trasfronterizo. El Ministerio de Justicia gestionará un Registro Público de Acciones de Representación, una pieza clave del sistema que fomentará la transparencia y el conocimiento de las acciones de representación en marcha, tanto en general como por sus posibles beneficiarios.
Carrera profesional pública horizontal
En cuanto al anteproyecto de Ley de la Función Pública, que desarrolla el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, destacó ayer que el texto incorpora elementos importantes de transformación y mejora de la Administración General del Estado (AGE) en consonancia con el proceso de modernización del conjunto del país que impulsa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya cuarta palanca es precisamente «Una Administración para el Siglo XXI».
Rodríguez explicó que la norma incluye por primera vez la carrera profesional horizontal -que consiste en la progresión en un itinerario de tramos sin que sea necesario que un cambio de puesto de trabajo- y la evaluación del desempeño con carácter obligatorio, «para mejorar la productividad y adecuar la evolución de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones del empleado público». Se crearán también dos complementos nuevos, el de carrera y el de desempeño.
Otras novedades son la regulación de la figura del personal directivo público profesional y la planificación estratégica que permitirá adaptar la selección de personal a las necesidades de la AGE y sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, Entidades Públicas Empresariales, Agencias Estatales, Autoridades Administrativas Independientes, Universidades Públicas no transferidas y demás entes de derecho público, que constituyen el ámbito de aplicación de la nueva ley.
