Cándido Conde-Pumpido lamenta que la reforma de la Ley Enjuiciamiento Criminal se va a la papelera.
En el Acto de Apertura del Año Judicial no sólo habló Carlos Dívar. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido presentó un interesante documento: la Memoria de la Fiscalía. Les ofrecemos unos datos que en ella se contienen.
El anuncio de las elecciones anticipadas ha dejado varias leyes importantes en la cuneta. Entre ellas, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para el Fiscal General del Estado, la dedicación del Gobierno a "temas menores" ha impedido el impulso a esta reforma.
El texto del Anteproyecto que se aprobó en Consejo de Ministros a finales de julio introducía mayor control judicial del proceso: frente al modelo de juez instructor que investiga y juez o tribunal que juzga, el nuevo modelo disponía la existencia de un juez de garantías (que controla la investigación del fiscal), un juez de la audiencia preliminar (que determina si existen elementos suficientes para sostener la acusación) y el juez o tribunal que juzgaría.
Conde-Pumpido lamentó que la reforma haya quedado en nada, ya que hace falta "un nuevo modelo procesal que permita equilibrar verdaderamente, en clave constitucional, el poder del Estado para la persecución del delincuente y la capacidad de defensa de quien se proclama y se presume inocente".
Hubo también alusiones en su discurso a la necesidad de excluir a Bildu de las instituciones, añadiendo que hay que sostener en el Tribunal Constitucional la ilegalización de Sortu si se mantiene la impronta de ETA.
Respecto a la lucha contra la corrupción, resaltó la ejemplaridad del rigor de la Fiscalía Anticorrupción, que se manifiesta -según remarcó- en la fortaleza que despliega en la persecución de delincuentes con poder, con acceso a los mecanismos que mueven la opinión pública o que pueden usar su presencia en política para sembrar dudas acerca del acierto de la Justicia.
Delincuencia, sube la económica y baja la común
Conde-Pumpido afirmó que en 2010 se iniciaron 4.472.042 causas por delito, que se traduce en una reducción de casi el 6% de procesos respecto a 2009. Señaló en su discurso que durante 2010 se ha producido un aumento de los delitos económicos. Sube el número de falsedades documentales, estafas y blanqueos; así como delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública. El Fiscal General reconoció que la respuesta penal no será eficaz de modo pleno, si no se establece la figura del Fiscal Europeo, prevista en el Tratado de Lisboa.
La disminución de la criminalidad afectó a:
- delitos contra la vida y la integridad física (un 10,1% menos),
- robo con violencia o intimidación (con un 20,9% menos),
- hurtos (con un 13% menos),
- robo con fuerza (con un 14,9% menos),
- contra la libertad sexual (un 7,4% menos).
Por provincias, la criminalidad bajó por encima del 20% en Zaragoza, Málaga, Guadalajara, Valladolid y Almería. En Madrid y Barcelona descendió un 3%. Aumentó, sin embargo, en Zamora, Orense, Cantabria y Palencia.