Las relaciones jurídicas (casos) donde participa el consumidor, ante la empresa mercantil (comercial), vinculado de alguna forma con el medio digital, deben contar con una gestión diligente de los riesgos jurídicos, es decir, los eventos que pueden ocurrir y afectar el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, tales como los ligados con sesgos algorítmicos, consentimiento válido y colaboración de las partes, según cada perfil, para lograr la personalización, o sea la atención de la persona del consumidor, según exista como individuo u organización, de acuerdo con el caso (exacto), teniendo en cuenta que dicha atención se da cuando el consumidor puede ejercer los derechos y deberes en el vínculo jurídico formado, porque, precisamente, los miembros de la empresa y el consumidor han obrado siguiendo las particularidades jurídicas involucradas, lo que hace que dicha aplicación de derechos y deberes sea viable (posible; exista).
Eso es lo conocido como eficacia jurídica, que en verdad hace parte de la validez jurídica, es decir, de la coincidencia del ser (forma del caso) con el deber ser jurídico, según proceda; por eso, cada caso tiene su respectivo deber ser jurídico, o sea la forma en la que debe existir jurídicamente, de acuerdo con la manera en la que el todo de lo defindo mediante el derecho aplique (deba cumplirse, por parte de cada quien) en el ambiente jurídico -relación jurídica- que se forma/forme. Lo que dentro de ello incluye a lo denominado como seguridad jurídica, es decir, la certeza del cumplimiento del derecho y del incumplimiento del derecho, porque cuando el caso, preventivo o correctivo, existe con validez queda claro que todos cumplen con el deber ser jurídico o quien o quienes cumplen y quienes incumplen jurídicamente; esa es la bondad de que el caso se base en el ejercicio de los derechos y deberes, por parte de quienes lo hagan, que hace evidente todo el cumplimiento, y dentro de ello cómo cada quien lo cumple o quiénes lo incumplen, dado que el todo del cumplimiento es el el todo creado por el resultado de la unión de todos los cumplidores, incluido cuando todos en el caso lo cumplen (válidamente).
Es decir que lo conocido como gestión del riesgo jurídico es la forma de hacer que exista validez jurídica, o sea la coincidencia del caso con el deber ser jurídico; porque gestionar el riesgo jurídicamente significa detectar y atender los elementos relacionados con los derechos y deberes de una manera que los haga aplicables. Cada detalle vinculado con la realización del deber ser jurídico en el caso incluye riesgos y cuando estos se descifran y controlan con diligencia existe el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el caso válido, al coincidir con la forma en la que debe existir jurídicamente, según proceda el todo de lo definido en el derecho a la medida de él.
Cumplir con el derecho es la forma de gestionar el riesgo, es la forma de hacer aplicables los derechos y deberes, propios y ajenos, mediante la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien, según procedan jurídicamente, de acuerdo con la relación jurídica (caso) que se presente. Por lo que la gestión del riesgo, o sea la forma del cumplimiento del derecho (el cumplimiento jurídico), tiene un ciclo, es decir, unas partes que se deben desarrollar para que tal armonía jurídica exista en todo momento en relación con el caso. Aquí es donde están las etapas pre-disputa, disputa y post-disputa frente a la posibilidad de los conflictos conectados con el consumidor digital, es decir, las fases del riesgo legal del consumidor “digital”, incluidas la detección y correspondiente gestión de dicho riesgo.
Cuando el caso se relaciona con lo digital y existe un consumidor mercantil (comercial) y tal ambiente se basa en la diligencia, es decir, en la gestión -por tanto, diligente/válida/efectiva/óptima- del riesgo jurídico, se previenen disputas, se resuelven disputas de una forma simple y se da un fortalecimiento contundente después de la disputa que aumenta la prevención de disputas y potencia la fundamentación y, como tal, la forma de solucionar conflictos jurídicamente en cuanto al consumidor de la empresa mercantil (comercial) en casos con contextos digitales y, propiamente, casos cuya forma definitiva involucra lo digital (y lo analógico -en átomos-). Para lograrlo, los abogados deben tener una capacidad jurídica sólida, como profesionales del derecho, en los riesgos jurídicos a la medida del consumidor en el escenario digital. A nivel de casos preventivos y correctivos. En el nivel preventivo para la pre-disputa para prevenir conflictos y para la disputa, pues con tal gestión se previene la complejidad de la resolución de disputas, y para la re-agilización de la forma del cumplimiento en la post-disputa. En el plano correctivo para, en definitiva, solucionar conflictos (disputas -controversias jurídicas-) y ajustar lo necesario en lo post-disputa -solución de problemas antijurídicos subsistentes-. El cumplimiento del derecho solo se da cuando existe en cada una de estas etapas pues el resultado de su unión es lo que forma el ciclo jurídico (forma del cumplimiento del derecho). Se trata del derecho (deber ser jurídico), de la solución jurídica; de la viabilidad (viabilización) jurídica, que depende de la oportuna y, por ende, integral, detección de problemas jurídicos y de su superación. Del caso válido; de la abogacía jurídica profesional. De capacidades óptimas en casos jurídicos sobre el consumidor digital. Universalmente. Lo que exije un método, para la identificación, la evaluación, el control, el monitoreo y, en sí, la gestión del riesgo jurídico, más aún con las dinámicas que los seres humanos, incluso como empresa mercantil (comercial), generan ante el consumidor, en lo digital/analógico/híbrido, mediante la inteligencia artificial (IA).
