Tal y como afirmó ayer el Ministro de Justicia, para hacer frente al ensanchamiento de los contextos jurídicos nacionales e internacionales en los que se despliega y desenvuelve la vida social y económica de la población, se han creado juzgados especializados, como los de menores, los de violencia de género o los de lo mercantil y, a pesar de ello, los tiempos de tramitación y respuesta siguen siendo demasiado largos; y la confianza es baja. Por ello, Caamaño ha propuesto un gran acuerdo social.
En palabras del Ministro, se ha hecho un esfuerzo colectivo, buscado soluciones para atender a necesidades perentorias vinculadas a la evolución de la sociedad. Sin embargo, parece como si el alcance y la eficacia inicial de esas medidas pronto se viesen sobrepasados por la fuerza de la atracción de una inercia más profunda, cuyo arrastre la Administración de Justicia a veces contiene, pero a la cual todavía no hemos sido capaces de embridar para que cambie, paulatinamente, su lógica de situación y comience a trabajar en la dirección deseada.
Francisco Caamaño razonó ayer que jueces y legisladores han sido en España tan combativos en la defensa de la tutela judicial efectiva que, en ocasiones, se ha llegado a identificar indebidamente el Estado de Derecho con un pretendido Estado jurisdiccional, lo que, además de confundir peligrosamente los planos de la responsabilidad política y la jurídica, consustanciales a toda democracia, ha ensombrecido y arrinconado la preocupación por regular y potenciar fórmulas alternativas de resolución de los conflictos que, como el arbitraje y la mediación, pueden servir para aliviar la carga de trabajo de juzgados y tribunales.
Expuesto lo cual, Caamaño ha propuesto un gran acuerdo con la sociedad para:
- Situar al ciudadano en el centro del sistema de Justicia.
- Implantar con éxito la nueva Oficina Judicial y modernizar definitivamente la gestión procesal de nuestros juzgados y tribunales.
- Informatizar íntegramente nuestro sistema de Justicia y lograr que juzgados y tribunales trabajen con métodos del siglo XXI.
- Trazar el nuevo mapa judicial que necesita la realidad demográfica de España.
- Impulsar fórmulas de conciliación y mediación y reducir la litigiosidad.
- Crear el Registro Civil de España, un Registro único, moderno y plenamente accesible en línea.
