El grupo Acciona y Proing Ingeniería S.L. deberán abonar 11,6 millones de euros a Gecalial, del grupo Campofrío, y a la aseguradora Zúrich España, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid con fecha 22 de octubre. Se trata de una sentencia histórica por el incendio producido el 1 de octubre de 2001 en una fábrica del grupo Campofrío en Arganda (Madrid), con pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños.
El procedimiento civil, seguido por la sección 10 de la Audiencia Provincial de Madrid, estima el recurso interpuesto por Campofrío y la aseguradora Zúrich España. Esta entidad, asumiendo sus compromisos y en defensa de su cliente, el año pasado terminó de abonar 6,2 millones de euros a Campofrío en concepto de liquidación en su parte del siniestro, que distintos informes periciales valoraron, en el momento de su acaecimiento, en unos 13 millones de euros. Según esta sentencia, sobre uno de los siniestros más enredados de la historia, Zúrich España recobrará de inmediato algo más de 3,650 millones.
La sentencia no pone fin a la larga lista de consecuencias que ha acarreado el siniestro sino que abre una nueva vía en lo que se supone legítima aspiración de resarcimiento completo por parte de Campofrío. Las actuaciones en los juzgados comenzaron en el año 2002. El enredo del caso fue descrito por este diario el pasado 9 de febrero mediante un artículo que llevaba por título "Ultimátum judicial de Campofrío a las aseguradoras por el fatal siniestro de 2001".
Las aspiraciones de Campofrío en la batalla que ha venido manteniendo en la reclamación de las indemnizaciones por los daños sufridos estaban enfrentadas a la sagaz estrategia de algunos de los aseguradores implicados, que en base a informes periciales confeccionados al efecto, negaban que el incendio se hubiera producido por los trabajos de soplete que realizaban unos trabajadores de Necso, filial de Acciona, a pesar de los informes de la Policía Judicial, de los bomberos, del gabinete pericial Revenga y Asociados y de la empresa Investigación de Siniestros, dejando patente que su origen estaba en esta causa.
El programa de protección diseñado por Campofrío mediante coberturas aseguradoras se extendía a un Todo Riesgo de Daños Materiales, que se repartían Zúrich, HDI-Gerling y Vitalicio (ahora Generali); un Todo Riesgo Construcción, asumida al 100% por Vitalicio; una de Responsabilidad Civil, que se repartían Vitalicio y HDI-Gerling; y una póliza de Responsabilidad Civil de Consejeros y Directivos suscrita por una aseguradora ajena al caso. Curiosamente, Necso cubría su responsabilidad civil mediante póliza contratada con HDI-Gerling y Vitalicio.
Monumental conflicto de intereses
El mediador de todas las pólizas, tanto de Campofrío como de Necso, era AON, lo que, tras el siniestro, condujo a un monumental conflicto de intereses que fue calificado en un escrito del presidente de AON como "prácticas inadmisibles" en el sector asegurador. La elusión de responsabilidades por parte de las aseguradoras y la falta de entendimiento, llevaron al inicio de las actuaciones judiciales.
El 8 de enero de 2007, Campofrío y sus aseguradoras de daños (Zúrich, HDI y Vitalicio) firmaron un acuerdo de liquidación y reclamación frente al responsable del siniestro, reconociendo frente a Campofrío la responsabilidad de Necso como constructor y su compromiso de demandarlo. A partir de ese momento, Zúrich hizo frente a su parte de liquidación, mientras que el 23 de marzo de 2007 reclaman a Necso amistosamente 15 millones de euros, lo que lógicamente implicaba a sus aseguradoras de responsabilidad civil, es decir HDI y Vitalicio.
El 15 de junio, Vitalicio dejó en suspenso la reclamación a Necso, mientras que el día 19 de ese mes, HDI-Gerling requirió a Campofrío su póliza de responsabilidad de altos ejecutivos para imputarlos una negligencia grave sobre este incendio. Para Campofrío, este hecho mostró que no había ninguna intención de cumplir el acuerdo que tanto HDI como Vitalicio habían firmado el 8 de enero, ya que ambos pasaron a posicionarse en defensa de Necso, de cuya responsabilidad eran aseguradores.
Tras una sentencia que inicialmente absolvió a Acciona en 2009, Campofrío interpuso una querella criminal por delito de estafa contra los primeros ejecutivos de HDI y Vitalicio (Generali). La misma fue sobreseída el pasado 24 de septiembre y recurrida el día 29. Los expertos creen que esta sentencia refuerza la tesis de Campofrío de que hubo engaño por parte de estas dos aseguradoras, por lo que resulta lógico que esta empresa no sólo persiga el resarcimiento económico, sino la denuncia de prácticas fraudulentas a cargo de las mismas bajo la indiferente actuación -ya que fue requerida para el caso- de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
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