Ayer fue en el Tribunal Supremo la apertura del año Judicial sin la presencia del Rey. Como en cada cita, allí se encontraron los más altos representantes de los diversos colectivos relacionados con el Derecho en España. Abogacía, Procura, Graduados Sociales, Fiscalía, Magistratura y Gobierno se encontraron entre las columnas y los mármoles del Alto Tribunal. Tema de conversación generalizado: crisis económica, paro y elecciones. Y, por supuesto, el poco dinero que hay para la Justicia.
"Ya en el siglo XVII hacía exclamar a uno de nuestros grandes autores del Siglo de Oro, apostrofando a los pleitos: '¿cuándo será de vuestro fin el día? pues sois, como las almas, inmortales'", estas palabras, pronunciadas ayer por Carlos Dívar en la inauguración del año Judicial puede servir de marco a nuestra profesión de la Abogacía. Continuó diciendo que "si Lope de Vega levantara la cabeza vería que, sin embargo, en nuestros tribunales y en concreto en el Tribunal Supremo, la situación en el Año judicial que ahora comienza no es tan desesperante como la que a él y otros muchos españoles de su tiempo, vieron".
Aparte de casos específicos donde con poco lugar a dudas los órganos de la Justicia no emanan resoluciones dignas de las catedrales normativas con las que los jueces jalonan las sentencias, honesto es decir que, aunque lenta y herida, la Justicia despacha asuntos con una estabilidad que pocas instituciones soportarían habida cuenta de las presiones a las que está sometida.
Esta misma semana ha salido del Senado una importante Ley -que con casi total seguridad sufrirá cambios en el Congreso-, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, que "cierra" el acceso de determinados procesos a determinados pleitos. La norma introduce reformas orientadas fundamentalmente a la simplificación y supresión de trámites innecesarios y, también, a impedir la dilación deliberada del proceso o limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios. Las medidas tienen como objetivo principal mejorar la respuesta de juzgados y tribunales, dentro del contexto general de reforma de la legislación procesal, para lograr una administración de Justicia más ágil, moderna y eficaz.
El Congreso de los Diputados había puesto en 600.000 euros la cifra mínima para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo. Finalmente, una enmienda aprobada lo deja en 150.000.
Carlos Dívar no dejó pasar la ocasión de explicar la Ley de Medidas de Agilización Procesal
La prudencia de Carlos Dívar y la delicadeza con la que afronta cada cuestión no impiden que se pronuncie sobre cada cosa que, en cada momento, se pone sobre la mesa. Y la apertura del año judicial tampoco ha sido excepción. Ayer nos ofreció estas palabras: "Existe, sin embargo, otro factor de extraordinaria importancia para contribuir a esa estabilidad, particularmente de las Salas Primera y Tercera, que son las que estaban más abrumadas por la carga de trabajo. Me refiero a las medidas previstas en el Proyecto de ley de Agilización Procesal, que afectan a los recursos de casación y otros de que conocen estas Salas con medidas, entre otras, referidas a la cuantía".
Siguió diciendo "sobre este punto debe indicarse, en primer lugar -y aquí hizo un especial énfasis en el tono- , que la de la cuantía no es la única vía de acceso de los asuntos al recurso de casación, pues también acceden a él los asuntos en que se solicita la tutela judicial de derechos fundamentales o en los que la resolución del recurso presente interés casacional". Lo cierto es que casa vez es más frecuente que en las propias sentencias del Supremo se insista en este punto, en qué es el interés casacional.
" La consecuencia de lo anterior es que seguirá habiendo un número importante de asuntos que accederán a la casación por las dos vías antes indicadas con independencia de que el límite cuantitativo se eleve más allá de las cifras que prevén actualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil o la de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin merma alguna del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".
Carlos Dívar siguió dando una necesaria clase de Derecho procesal, recordando que "En segundo lugar la verdadera función del recurso de casación, que consiste en unificar el ordenamiento jurídico, se cumple mejor a través de la vía de acceso del interés casacional, en que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia de la Sala, resuelve una cuestión sobre la que existe discrepancia entre los diferentes tribunales territoriales o aplica una norma que lleva menos de cinco años en vigor, que por la vía de acceso de la cuantía". Con esto querría abordar, seguramente, las afirmaciones -fundadas, por otro lado- de que se impide el acceso al Supremo a los casos más económicamente modestos.
"En la Sala Tercera –siguió Dívar– la revisión de la cuantía del recurso de casación ordinario y la supresión de la referencia a "cuantía indeterminada" al regular la falta de interés casacional como causa de inadmisión permitiría eliminar una cifra importante de asuntos en los que las cuestiones que se plantean han sido ya reiteradamente resueltos por el Tribunal y nada aportan por tanto al fin primordial de creación de jurisprudencia que a aquél le corresponde.Sólo si se ponen en marcha ambas medidas el esfuerzo que actualmente está llevando a cabo la Sala Tercera resultará verdaderamente efectivo".
Cierto es que hay que frenar la entrada masiva de procesos al Supremo, pero también es cierto que, según el último Barómetro de la Abogacía, el 62 por ciento de los clientes prefieren un acuerdo a un proceso judicial. Por otro lado, El Consejo General del Poder Judicial, del que también hace cabeza Carlos Dívar, pide reiteradamente más jueces y magistrados. Pero para eso hace falta dinero.
"La Justicia dato a dato"
Antes del verano, el CGPJ presentó el informe "La Justicia dato a dato". Recuperamos algunas cosas que nos pueden dar luces respecto a que no sólo las leyes bastan para solucionar los juzgados.
Tal y como refleja el informe, elaborado por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial, durante 2010 los jueces y magistrados españoles resolvieron 9.217.395 asuntos, un 0,7 por ciento más que el año anterior. Al concluir 2010 quedaban pendientes 3.225.000 asuntos, un 2,9 por ciento más que en 2009 (el incremento más bajo de cuantos se han producido desde 2004). Para finales del presente año 2011 se prevén más de 3.149.000 asuntos en trámite.
Con estas cifras delante, Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, recordaba a la Administración la necesidad de que los jueces cuenten con los medios materiales necesarios para trabajar; haciendo alusión a que un sistema judicial fuerte es también una garantía económica para un país. El vocal Antonio Dorado denunció la escasa inversión en Justicia, que apenas alcanza el 0,38 por ciento del Producto Interior Bruto.