CCOO considera que la nueva Directiva Postal, recientemente aprobada, creará una situación económica claramente negativa, y tendrá graves repercusiones para el servicio postal público durante los próximos años. Por ello ha pedido al Gobierno que considere a Correos y al sector postal como un sector estratégico, con la correspondiente prioridad política, así como una transposición consensuada de la normativa. Sin embargo, CCOO afirma que las primeras tentativas del Ministerio de Fomento en la nueva legislatura apuntan en dirección contraria.
En este sentido, tras la Sentencia de la Audiencia Nacional que podría poner fin a los convenios de colaboración entre Correos y las diferentes Administraciones Públicas, Fomento está barajando la opción de sacar a concurso público no sólo el correo abierto a la competencia (cartas de más de 50 gramos) sino todo el correo que forma parte de estos convenios, pasando por alto la actual zona reservada por ley a Correos (cartas de hasta 50 gramos, la práctica totalidad del correo manejado por la Administración). Esto supondría una pérdida de 500 millones de euros para el operador público, el 25% de su facturación. Con unos beneficios netos en 2007 de poco más de 100 millones de euros, Correos regresaría, tras años de resultados positivos, a ser una empresa deficitaria.
Además, Fomento está estudiando la posibilidad de otorgar una licencia para prestar servicios incluidos en el Servicio Postal Universal a Deutsche Post, el operador público alemán. CCOO ha calificado de "suicidio postal" el hecho de que mientras prácticamente todos los Gobiernos de la Unión Europea, incluido el alemán, están fortaleciendo a sus operadores postales de cara a la completa liberalización en 2011, en nuestro país la única intención parece ser el estrangulamiento económico de Correos, facilitando la entrada sin condiciones de otros operadores que centrarán su actividad en la zona rentable del mercado, no así en la deficitaria, que Correos será incapaz de afrontar sin medidas complementarias de financiación y que repercutirá directamente en el servicio prestado a los ciudadanos.
