La gestión de fondos públicos se enfrenta a crecientes exigencias de integridad y transparencia, sobre todo en áreas críticas como la contratación y concesión de subvenciones, en las que el riesgo de corrupción es mayor. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), las entidades que gestionen estos fondos deben garantizar una gestión transparente, eficiente y responsable.
El 13 de junio de 2023 era la fecha límite para la implantación de sistemas internos de información (SII), plazo que se extendió hasta el 1 de diciembre para municipios de menos de 10.000 habitantes. Transcurrido casi un año desde esa última fecha, es hora de hacer balance.
El Club de los Miércoles, que organiza Aranzadi LA LEY, celebró ayer una nueva edición, en la que se debatió sobre esta cuestión: Problemas e incumplimientos tras un año de la obligación de implantar los SII.
El encuentro estuvo moderado por Concepción Obispo Triana, editora en Derecho Público en Departamento de Contenidos de Aranzadi LA LEY y contó con la intervención como ponentes de Elena Hernáez Salguero, consejera del Tribunal de Cuentas y de Ignacio Sáez Hidalgo, letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León.
El papel del Tribunal de Cuenta como ‘Gran Hermano’
Elena Hernáez afirmó que gran parte del problema de la implementación de políticas de integridad radica en que “estamos acostumbrados al mero cumplimiento normativo” y que “el Tribunal de Cuentas y los órganos de control de las comunidades autónomas en esta materia operan como un Gran Hermano”, ya que su mera existencia implica que la entidad pueda ser potencialmente fiscalizada. Hizo especial hincapié en que gran parte de las exigencias en materia de integridad respecto de las administraciones públicas “vienen de la mano de la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR) con la finalidad de absorber fondos Next Generation. “Somos fiscalizadores de fondos y la integridad es la base de nuestras fiscalizaciones” y recordó que el propio TJUE ha planteado “la necesidad de que estos fondos comunitarios cuenten con unos órganos de control”.
En cuanto a la implementación en las administraciones públicas de los planes de medidas antifraude, Elena Hernáez afirmó que han detectado que en muchos casos “se ha ido a un cumplimiento muy formalista”, e incluso en algunos casos “la entidad no ha participado en la evaluación de los riesgos propios”, lo que compromete la eficiencia de dicho plan. A estas dificultades de adecuación se suman en muchos casos las dificultades técnicas, que tienen a menudo su origen en la falta de medios.
En España falta cultura de integridad
En opinión de Ignacio Sáez, en España hay un problema de fondo: “la falta de cultura de la integridad”. Mientras que en las entidades privadas existe una motivación para implementar estos sistemas para mitigar el riesgo reputacional, “en el ámbito de la Administración tenemos el problema de base en la creencia de que lo público no es de nadie y que no existe el riesgo reputacional, cuando estamos asistiendo a un progresivo deterioro de este ámbito”. Afirmó además que “en los niveles más altos del sector público hay una falta de compromiso; no vemos el largo plazo y hay reticencias por causa de desconocimiento de los sistemas de integridad y una falta de planificación; se van tomando medidas a golpe de exigencias normativas. Queda mucho trabajo por hacer, aunque se están dando pasos”.
Ignacio Sáez fue tajante al afirmar que la obligación de implementar estos canales “no es un fin en sí mismo, tenemos que verlo como un medio para la consecución de un fin, que es lo que busca la Directiva europea”. Abogó además por “poner en valor la cultura de la integridad, colocando en un lugar primordial a las personas, que son quienes pueden advertir de algunos comportamientos”. En consecuencia, “debemos desterrar los miedos porque los canales de denuncia no son bombas de relojería dentro de las organizaciones, son sistemas que permiten que salgan los problemas antes de que sean más gordos. Se trata de evitar los escándalos anticipándose a ellos”.
A modo de conclusión reconoce que se van implementando medidas, pero insistió en que “el proceso es lento”, y en que dicha implementación “se deriva más de las exigencias normativas que de una verdadera cultura de integridad, a la que todavía le queda mucho recorrido”.
