El Gobierno destierra un posible "delito de hospitalidad".
Se va a proceder a una gran reforma de la Ley de Extranjería y los informes, aunque no vinculantes, se suceden. Si la semana pasada dimos cuenta del que hizo el Consejo General de la Abogacía, francamente duro con la propuesta del Gobierno, esta vez un documento del Consejo General del Poder Judicial, aunque no tan severo, sí poniendo en entredicho alguna previsiones, ha conseguido que el Ministro de Trabajo, en declaraciones hechas ayer, afirmase que no se perseguirá el “delito de hospitalidad”. También se habían pronunciado negativamente el Consejo Económico y Social, y el Foro Social para la Integración de los Inmigrantes.

Hace unos días informábamos en Legal Today acerca de la impresión que le merecía el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería al CGAE. Bajo el punto de vista de los abogados, el texto contiene afirmaciones que difícilmente casan con diversos preceptos constitucionales y determinadas sentencias. Dicho informe, al menos por lo que parecía, no hizo mella en las previsiones el Ministerio de Trabajo.
Sin embargo, otro aprobado a finales de la semana pasada por parte del Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha derivado en unas declaraciones del Ministro en las que afirma que el llamado "delito de hospitalidad" no se verá reflejado en la futura Ley. Quién sabe si por la unión de los dos, o únicamente este último, lo cierto es que el punto más problemático será retirado. El Ministro ha afirmado que el precepto en cuestión ha sido un error, "bien porque estaba mal redactado, bien porque se entendió mal". En consecuencia, las personas que ofrezcan cobijo a indocumentados no serán castigados con penas de multa; tal y como se venía anunciando desde hace tiempo.
El CGPJ constata, disintiendo con el Consejo General de la Abogacía, el esfuerzo de adaptación de la normativa vigente a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional y la legislación europea para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los extranjeros. Coincide el CGPJ, de todos modos, con los abogados, en establecer una serie de recomendaciones al Anteproyecto, entre las que destaca la necesidad de reforzar las garantías de los menores no acompañados en los procesos abiertos para el retorno a sus países de origen así como la necesidad de motivación y de audiencia al interesado en los procedimientos de expulsión de los inmigrantes.
El Consejo sugiere también una mayor reflexión en cuanto al cómputo del plazo de internamiento y las posibles suspensiones, para garantizar el necesario cuidado entre esa medida administrativa y la protección de los derechos fundamentales.