La llamada "pena de banquillo" marca pública y mediáticamente a personas, que, a postre, pueden quedar libres y sin cargos. Una nueva figura procesal evitaría la imagen de convicto que se ofrece cuando se está en un proceso.
El recientemente nombrado Presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha propuesto la creación en la normativa procesal de una nueva figura, la del “denunciado”. De este modo, se evitaría que cualquier querella que sea admitida a trámite por un tribunal implique de modo automático que se impute a todas las personas contra las que se dirige, con el eco que ello toma en el plano personal y, si esa persona tiene responsabilidades públicas, en los medios de comunicación.
"Critica, que algo queda" sentencia el dicho popular. Tan desatinado no es, ya que en el argot jurídico eso tiene su variante, que es sufrir la "pena de banquillo". Esto está últimamente de más actualidad que nunca, dada la densidad de imputados por minuto que aparecen en los telediarios.
Hace unos días, el Ministro de Justicia abogaba por crear la figura del fiscal instructor, en un intento de desempañar la intensidad judicial que se está viviendo esta temporada.
Según Caamaño, el actual modelo de juez instructor es sumamente complejo, porque éste tiene que "averiguar la realidad de los hechos, es decir, investigar el delito y a la vez garantizar los derechos fundamentales de las personas que están siendo objeto de su propia investigación". Seguía en Ministro, en una entrevista de la semana pasada, diciendo que "si yo como juez quiero averiguar el delito y autorizo unas escuchas telefónicas y unas entradas en domicilio y no consigo nada, me las volveré a autorizar otra vez para que la investigación continúe. Y estamos a veces así con procesos muy largos de investigación procesal que dan lugar a eso que llamamos la pena de banquillo".
A su juicio, la existencia de un juez de garantías que se encargue exclusivamente de autorizar o denegar las diligencias reclamadas por la Fiscalía y el resto de acusaciones personadas en la causa conllevaría "un control de verdad" de la investigación, al "permitir -en palabras de Caamaño- que se alargue en el tiempo y que prospere aquella acusación que tiene realmente sustento desde el primer momento".
Por su parte, ayer mismo, Ángel Juanes razonaba que, en España, cualquier querella que esté teóricamente fundada y bien construida ha de ser admitida a trámite automáticamente y por imperativo legal, de forma que, independientemente de que los hechos sean ciertos o no, la persona contra la que se dirige la causa asume la calidad de imputado.
"Esto proviene de la doctrina del Tribunal Constitucional para garantizar el derecho de defensa y evitar las acusaciones sorpresivas, pero yo soy contrario a esto", señala el presidente de la Audiencia Nacional.
Por ello, Juanes propondría una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir una categoría de menor relevancia que las de "imputado" (prevista en el procedimiento abreviado) y "procesado" (prevista para el sumario).
Con la nueva categoría que propone el Presidente de la Audiencia Nacional, de "denunciado", la persona llamada a declarar a un juzgado no adquiriría la condición de imputado hasta no ser escuchado por el Magistrado Instructor. "Yo voy, tengo derecho a abogado y defensa; y luego tendrá que ser el juez el que compruebe si efectivamente hay base o no hay base para que a mí se me acuse", explica gráficamente Ángel Juanes.
