Como hemos indicado, ante las críticas recibidas tras filtrase hace dos semanas el borrador que preparaba, el Ministerio del Interior ha optado por dar marcha atrás y suavizar el texto presentado para su análisis a la mesa interministerial. El cambio es significativo. Así, de las 21 faltas muy graves que contemplaba el borrador (sancionadas con multas de hasta 600.000 euros), el Anteproyecto las ha dejado en solo seis.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Jorge Fernández Díaz respondió a las críticas afirmando que, lejos de vulnerar derechos y libertades fundamentales, "la Ley los garantizará más y mejor". En línea con lo anterior, insistió en que se trata de una norma despenalizadora, ya que lleva al plano de la sanción administrativa conductas que hasta ahora estaban contempladas en el Código Penal.
La polémica está lejos de cerrarse debido a que "suavizar el castigo", también conlleva que, a partir de su entrada en vigor, será la Administración la encargada de interponer dicho castigo sin la intervención de un juez. Donde antes intervenía un magistrado, ahora bastará con la palabra de un agente de la autoridad. Como antídoto a esta crítica, Fernández Díaz recordó el viernes que "toda sanción podrá ser recurrida ante un juez" de lo Contencioso administrativo, si bien para ello se requiere el abono previo de la correspondiente tasa judicial. Como es sabido, la Penal es la única jurisdicción exenta del abono del polémico tributo exigido para litigar.
Al hilo de esta cuestión, el diario El País recuerda en su edición del sábado que los jueces, tanto en las manifestaciones no autorizadas cerca del Congreso o en otros lugares y los escraches contra políticos, han dado en los últimos meses sistemáticamente la razón a los ciudadanos, absolviendo a los detenidos por la Policía.
Como novedad con respecto al borrador, el texto rebaja de falta grave (sancionada con hasta 30.000 €) a leve (hasta 1.000 €) las amenazas o injurias que se lancen durante una concentración contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como el uso de imágenes o datos personales o profesionales de los mismos… cuando estas conductas no sean constitutivas de delito.
Este cambio de criterio, en el que ha tenido que ver el Ministerio de Justicia, ha sido muy criticado por los representantes de los Cuerpos policiales. Según sus dos principales sindicatos, el SUP y la CEP, suponen unas "rebajas" con respecto a los planes iniciales de Interior y aseguran que ya no se sienten protegidos con el nuevo articulado.
Fernández Díaz, por su parte, optó el viernes por ver el vaso medio lleno, al afirmar que hasta ahora las fuerzas de seguridad no han contado con protección, por lo que incluirlas en la norma es "justo, legítimo y necesario".
