La nota media con la que los españoles califican al CGPJ es de un 4,6. Sólo un 31 por ciento de los españoles confía en el Estado de Derecho. Baja, en general, la valoración de jueces, fiscales y notarios; mientras que se mantiene la de los abogados.
Se ha presentado en la sede del CGAE el cuarto baremo externo de opinión sobre la Abogacía. Numerosos medios se concentraron para escuchar las primeras valoraciones acerca de ‘La imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española’ de Carlos Carnicer, presidente del CGAE, y José Juan Toharia, presidente de Metroscopia, empresa que ha elaborado el informe con un estudio sociológico de la imagen de la Justicia y el grado de satisfacción de los servicios proporcionados por los abogados.
En estos tres últimos años, coincidiendo con los de la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho, pasando a ser mayoría absoluta (54% hoy frente a 31% en 2008) los que consideran que España tiene un Estado de Derecho en peor situación que el resto de países avanzados. Uno de los efectos colaterales de la profunda crisis económica de nuestra economía es haber dañado severamente la sensación que tienen los españoles de estar viviendo en un Estado de Derecho de la máxima calidad.
- La mayoría de los ciudadanos (un 54%) considera que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica son insuficientes y sólo un 27% opina que son suficientes (hace tres años estos porcentajes eran mucho más cercanos entre sí: respectivamente, el 47% y el 39%).
La Administración de Justicia sufre también un severo juicio de los encuestados. La sociedad española considera que:
- Funciona mal.
- Da una imagen anticuada.
- Es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella.
- Su lenguaje y sus procedimientos son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio.
- En muchas ocasiones no sirve de nada que dé la razón pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal.
- Con frecuencia los jueces no dedican ni la atención ni el tiempo adecuado a cada caso individual, tienden a estar "fuera de onda" respecto de lo que ocurre en la sociedad y, además, a la hora de dictar sentencia por lo general no actúan con total independencia.
Ocho de cada diez españoles piensan que el CGPJ, tal y como ahora está organizado, necesita una reforma urgente y profunda. Además, siete de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales. Seis de cada diez consideran que no es independiente, en sus decisiones, del Gobierno o de los distintos partidos políticos.
