Sugiere que la reforma laboral no tendrá efectos verdaderos si no se flexibilizan los precios.
“Para alcanzar plenamente los efectos positivos de la reforma laboral es imprescindible complementarla con un nuevo impulso a la liberalización de los mercados de productos que favorezca la competencia en los sectores menos expuestos a la misma”. Con frases como éstas, profundamente liberales, el informe del Banco de España preconiza un eco más largo de la crisis en el mercado del trabajo a pesar de todas las medidas.
La semana pasada se presentó el Informe anual del Banco de España correspondiente a 2011, pocos días antes de la "intervención a medias" que hemos tenido el fin de semana. ¿Quiere leer algo acerca de ella?
En el largo documento del Banco de España, presentado tras un preparado discurso del ya ex gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se apuesta una vez detrás de otra por un tipo de estado liberal, por la flexibilización de las regulaciones, el traslado de la crisis a los precios finales para que de verdad la economía coja altura de vuelo también gracias al consumo y a la aplicación intensa de la reforma laboral. El discurso se inició de un modo claro cuando afirmó Fernández Ordóñez que "Los detonantes de la crisis fueron, por una parte, la insuficiente adaptación de las políticas económicas nacionales a las exigencias de la pertenencia a una unión monetaria, que se tradujo en la acumulación de importantes desequilibrios que colocaron a algunas economías en posición de vulnerabilidad, y, por otra parte, la falta de consenso político a nivel europeo para abordar las debilidades del diseño institucional del euro, lo que explica en gran medida la extensión de las tensiones a países con desajustes de menor magnitud". Según el Informe, "El buen funcionamiento del mercado de trabajo es trascendental para la mejora de la competitividad. La reforma laboral aprobada por el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, contiene algunas medidas de largo alcance que, por una parte, facilitan el ajuste de salarios y, por otra, proporcionan a las empresas instrumentos más amplios para gestionar la organización de su fuerza de trabajo, sin las limitaciones impuestas por contratos de trabajo o convenios colectivos de ámbito superior a la empresa fijados en condiciones económicas que pueden ser muy diferentes a las vigentes en cada momento y lugar" dice el Informe.
Los precios que no reflejan el estado de crisis de la economía
Según expuso el ya ex Gobernador en su discurso, un lastre que tiene la economía española es que los precios siguen excesivamente rígidos "la debilidad cíclica y el adverso comportamiento del mercado laboral no se han trasladado suficientemente al mecanismo de formación de costes y precios, que sigue mostrando inercias importantes. El ajuste de los costes laborales por unidad de producto se está consiguiendo primordialmente gracias a las elevadas ganancias de productividad que genera la destrucción de empleo, mientras que la moderación de la inflación ha corregido en menor medida el diferencial acumulado durante la etapa expansiva".
Flexibilidad salarial
Para el Informe, "en relación con la flexibilidad salarial, el otorgamiento de la primacía a los convenios colectivos de empresa sobre los convenios de ámbito superior, la posibilidad de alegar dos trimestres consecutivos de pérdidas de ventas para iniciar un descuelgue de un convenio de ámbito superior y la extensión de las materias sobre las que el empresario puede no aplicar las condiciones laborales pactadas en convenios colectivos, junto con la limitación de la ultraactividad de estos a dos años, sirven al objetivo de conseguir una mayor adecuación entre los salarios y las condiciones económicas de las empresas, de manera que se contenga la destrucción de empleo cuando tales condiciones empeoren, al contrario de lo ocurrido desde el principio de la crisis. Por lo que respecta a la gestión de la organización del trabajo, taa temblarmbién se amplían las posibilidades de modificación de las condiciones individuales y colectivas de trabajo, suprimiendo la autorización judicial o administrativa previa, que eran requisitos necesarios en la legislación anterior".
Las medidas contempladas en la Ley de Economía Sostenible con relación a la intervención de las Administraciones Territoriales en el procedimiento de obtención de licencias para el ejercicio de actividades económicas "deben implementarse de manera que, preservando la unidad del mercado interno, favorezcan una reducción sustancial del coste y del tiempo de creación de una nueva empresa. Junto a ello, es muy importante reforzar las capacidades del organismo supervisor limitando la intervención gubernamental, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, al mínimo imprescindible".
