La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad analizar los sistemas de refuerzo que ya se aplican en los juzgados de Ejecutorias de lo Penal y así como estudiar nuevas medidas con el fin de rebajar la pendencia existente en estos órganos en los que, según un reciente estudio del Consejo, están pendiente de tramitarse cerca de 270.000 causas.
Estas medidas serán estudiadas por la Comisión de Modernización del órgano de gobierno de los jueces que ha acordado igualmente remitir el citado informe tanto al Ministerio de Justicia como a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito para que tengan el conocimiento exacto de la situación y estudien asimismo las medidas paliativas.
Igualmente, el CGPJ ha acordado ordenar a su Servicio de Inspección que estudie la situación en la que se encuentra el Juzgado de Ejecuciones número 2 de Madrid, del que es titular el magistrado Eduardo López Palop, quien denunció públicamente que la situación de colapso en este órgano le situaba 'encima de un polvorín'. Según los datos del Consejo, y pese a contar con refuerzo, este juez no alcanzó el 2007 el 81 por ciento de los asuntos que le correspondía tramitar, como mínimo.
