El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el martes una Proposición no de Ley sobre regulación del matrimonio forzado como delito específico en el Código Penal y adopción de medidas relacionadas con dicha práctica. La iniciativa insta al Gobierno a modificar el Código Penal para incluir el matrimonio forzado bien como un delito específico dentro del Título VI, delitos contra la libertad, bien como un tipo agravado dentro del delito de coacciones (capítulo III, Título VI) o bien como un delito específico dentro de los delitos contra las relaciones familiares (Título VII del Código Penal).
La iniciativa exhorta también al
Ejecutivo a reforzar los mecanismos de protección de las víctimas
durante el proceso de denuncia para evitar que sean secuestradas o
víctimas de violencia de género. De la misma manera, se recomienda crear una orden
de protección específica para las víctimas de matrimonios forzados,
mejorando así la atención a las víctimas.
La proposición no de ley también insta al Gobierno a impulsar que la Unión Europea convierta la lucha contra el matrimonio forzoso en una acción prioritaria en el marco de sus relaciones con los terceros países mediante la llamada cláusula de derechos humanos.
Esta iniciativa también emplaza al Ejecutivo a desarrollar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y junto con los profesionales sociosanitarios, los profesionales de la enseñanza, las organizaciones propias de inmigrantes, los mediadores culturales y las ONG que trabajen en estos ámbitos, programas de divulgación e información dirigidos tanto a la población susceptible de ser víctima de los matrimonios forzados como a la sociedad en general para conseguir la sensibilización de la población ante el fenómeno de los matrimonios forzados, así como reducir el número mediante políticas de prevención, tanto en España como en los países de origen.
Esta iniciativa solicita también la elaboración, en el plazo de seis meses, de una estrategia específica para abordar de manera integral el fenómeno de los matrimonios forzados, así como la creación de lugares de alojamiento específico, favoreciendo la autonomía de las mujeres en situación de urgencia, distribuidos por todo el territorio.
Por último, se reclama el establecimiento de un Fondo de Ayudas dirigido a las actuaciones de las asociaciones y entidades en defensa de los derechos de las mujeres y el desarrollo de acciones a nivel local y regional en el marco de los planes de igualdad y de los planes de políticas de integración.
