El Consejo de Ministros abrió la puerta para sacar a las Antillas Holandesas de la lista de paraísos fiscales al aprobar la firma de un Acuerdo de Intercambio de Información en materia tributaria entre España y los Países Bajos, informó el Ministerio de Presidencia.
Las Antillas Holandesas son uno de los 48 territorios que figuran en la lista española de paraísos fiscales aprobada por un Real Decreto de 5 de julio de 1991. Por el hecho de estar en ella, todas las operaciones realizadas en dicho territorio se ven afectadas por las normas 'antiparaíso', que se traducen en el agravamiento del trato fiscal, precisó el departamento en las referencias del Consejo.
La normativa española concede a esos 48 territorios la posibilidad de abandonar esa lista –y librarse por tanto de la aplicación de las medidas de antielusión fiscal– si se produce un suministro de información fiscal y si se dan pasos previos hacia la suscripción de un Convenio de Doble Imposición con España.
En ambos casos se requiere que el país o territorio de que se trate se comprometa a un nivel de cooperación administrativa adecuado en términos de intercambio de información fiscal.
Los dos únicos instrumentos jurídicos que garantizan suficientemente el suministro de información en el sentido exigido por la Ley de Prevención del Fraude Fiscal son bien un Convenio de Doble Imposición con cláusula de intercambio de información, bien un Acuerdo de Intercambio de Información con dichos países o territorios.
El acuerdo al que el viernes dio su visto bueno el Consejo de Ministros no sólo permitirá a las autoridades españolas obtener información en relación a los flujos económicos con Antillas Holandesas, sino que también podría animar a otros paraísos fiscales a iniciar negociaciones con España.
Aunque el convenio se suscribirá con Países Bajos, su ámbito de aplicación se limita a las Antillas Holandesas. Entre otras cosas, permitirá a los representantes de la autoridad competente del otro país entrar en su territorio con el fin de entrevistarse con personas y de inspeccionar documentos con el consentimiento por escrito de los interesados.