El Consejo de Ministros aprobó en su reunión semanal de ayer martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Según adelantó el Ejecutivo, la norma se estructura en su redacción actual en 66 artículos agrupados en 5 títulos y varias disposiciones transitorias, derogatorias y finales. El texto será ahora remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal.
En palabras de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, con su tramitación y posterior entrada en vigor se busca «encontrarnos con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de los españoles». Como es sabido, la futura ley sustituirá a la de memoria Histórica aprobada en 2007 por Jose Luis Rodríguez Zapatero.
Fiscalía especial y anulación de sentencias
Entre otras muchas, incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Cabe destacar que el derecho a la justicia se regula en Capítulo II. Con este fin, se crea la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Tendrá las funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia. Además, anula los juicios y las sentencias franquistas. “La mejor forma de reparación es declarar nulos cualquier juicio que haya derivado en el fusilamiento sin garantías”, afirmó la vicepresidenta Carmen Calvo, que detalló también que el Estado será responsable de la exhumación de fosas.
Así, y respecto a los españoles que perdieron la vida, o sufrieron exilio, cárcel y represión durante la guerra y posterior dictadura, la ley lleva aparejadas medidas de reparación. Como hemos adelantado, una de ellas será la declaración de nulidad de pleno derecho de aquellos juicios y sentencias que, sin ningún tipo de garantías procesales y al margen de la legalidad propia de cualquier estado de derecho, supusieron condenas y ejecuciones.
Según Carmen Calvo, la norma sigue la estela marcada por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que «abrió la puerta a enfrentar nuestro pasado, ha dado extraordinarios frutos y ha marcado el rumbo de por dónde teníamos que seguir trabajando».
La identificación de las víctimas sepultada en fosas comunes será asumida por la Administración General del Estado (AGE) en coordinación con el resto de administraciones públicas, con el objetivo de que las familias que así lo quieran puedan recuperar sus restos. Calvo adelantó que se elaborará un Censo y un banco de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura «que ofrezcan garantía estricta de las identificaciones».
“Apología del franquismo” y Valle de los caídos
Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista. Por último, la ley también prevé la conversión del Valle de los caídos, tras haber sido exhumado el cadáver de Francisco Franco el 24 de octubre de 2019, en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional.
