El Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley, para su tramitación parlamentaria, que regula la contribución de recursos a la seguridad nacional.
Se trata de una modificación puntual de la Ley de Seguridad Nacional de 2015 que no afecta a su contenido esencial y que da cumplimiento al mandato que la propia ley exigía de regulación de los recursos, además de adaptarse a la experiencia vivida por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
Según informó Moncloa, con la nueva regulación, el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos y privados con los que cuenta y se asegura que la movilización de los recursos se lleva cabo de forma eficiente e integrada. “Se garantiza así que España tenga los recursos de primera necesidad y de carácter estratégico necesarios para superar los problemas que puedan surgir en los ámbitos de especial interés para la seguridad nacional”.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que esta reforma se beneficia de la experiencia de gestión «inédita» del Covid-19 adquirida en estos dos años: «Vamos a ofrecer certidumbres en relación a los recursos que el Estado tiene, o con los que el Estado cuenta, en caso de que tuviéramos que repetir una situación que altere gravemente la seguridad nacional como ocurrió con la pandemia».
La contribución de recursos se realizará en coordinación con las comunidades autónomas que, además de aportar medios humanos y materiales, intervendrán en las fases de planificación y gestión de estos recursos.
Entre los aspectos más novedosos del nuevo sistema destacan los siguientes:
- Regula el catálogo de recursos del Sistema de Seguridad Nacional, en el que se incluirán los datos de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y activos que puedan ser de utilidad para afrontar una crisis. En este catálogo se integrarán los catálogos sectoriales elaborados por los departamentos ministeriales, los autonómicos y los del resto del sector público.
- Además, regula la participación del sector privado en la contribución de estos recursos.
- Prevé la elaboración de planes de preparación y disposición, así como su puesta a prueba mediante ejercicios que permitirán comprobar la fluidez de los mecanismos de coordinación, las comunicaciones y el grado de eficacia de la actuación conjunta en la gestión de crisis.
- Permite al Consejo de Seguridad Nacional activar preventivamente esos planes. De esta manera, una vez declarada dicha situación, se podrá disponer de forma inmediata de los recursos necesarios.
- Crea la Red de comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno, que servirá como mecanismo de apoyo del Sistema de Seguridad Nacional e incluirá toda la información relacionada con la preparación y disposición de la contribución de recursos.
- Eleva a rango legal la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), creada para reducir la dependencia española del exterior en recursos de primera necesidad o de carácter estratégico. Además, será gestionada por un órgano de nueva creación: el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica.
Para la redacción del texto del anteproyecto de ley, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Dirección de Seguridad Nacional coordinaron un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los ministerios que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional.
El texto fue debatido en el seno de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional por última vez el 29 de diciembre de 2021 y fue sometido a trámite de audiencia e información pública. Posteriormente se trasladó al Consejo de Estado para su dictamen, y sus observaciones, que no son vinculantes, han sido en gran parte incorporadas al texto.
