Ninguna plaza en 2012 y sólo 55 en 2013. Hay 800 Jueces sustitutos y Magistrados suplentes, que no han superado las correspondientes oposiciones. En torno al 18% de todos los asuntos que se ventilan al año en los Juzgados se resuelven sin haber sido examinados por un Juez profesional. El Consejo General del Poder Judicial carece de autonomía presupuestaria.
La agencia Efe ha anunciado, poniéndolo en boca del Ministro de Justicia, que se dan por congeladas las plazas de jueces este año y se convocará un mínimo el año que viene. Ello contrasta a primera vista con la predisposición públicamente manifestada en varios foros por el Ministro de dar una nueva vida a la Administración de Justicia, pero sin duda alguna encaja con esa nueva Justicia que se viene preconizando desde que el Ministro tomó el cargo: más arbitraje, más mediación, y menos…jueces.
A las puertas de 2012, el Consejo General del Poder Judicial hacía una petición en firme al Ministerio de Justicia, que se resumía en los siguientes puntos:
1.- La necesidad perentoria de creación de cincuenta unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la 62 Promoción de la Escuela Judicial, que se incorporarán en el mes de marzo de 2012. Teniendo en cuenta la inmediatez de dicha necesidad, y los problemas económicos, la Comisión Permanente entenía que tales plazas deben ser creadas en órganos colegiados, o como Jueces de Adscripción territorial, toda vez que no genera un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas.
2.- La necesidad de elaboración por parte del Ministerio de Justicia, de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años, con independencia de las que se contemplan en el apartado anterior, de manera que, de un lado vayan absorbiéndose las nuevas incorporaciones a la carrera judicial, y por otro se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los órganos judiciales españoles.
3.- La necesidad de dotar de continuidad a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la carrera judicial, en consonancia con las conclusiones del estudio sobre la situación de los órganos unipersonales y colegiados asumido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el mes de junio pasado. Se tiene en cuenta a tal efecto que la paralización de los procesos selectivos indicados produciría sus efectos en los tres años siguientes, sin olvidar que el exceso de carga de trabajo que actualmente soportan los órganos judiciales requiere el aumento de Jueces y Magistrados.
Sin embargo, ayer se ha anunciado justo lo contrario, al margen del Consejo General del Poder Judicial, mientras que estamos muy por debajo de la media europea de Jueces por habitante, lo que hace necesario que unos 800 Jueces sustitutos y Magistrados suplentes, que no han superado las correspondientes pruebas a través de una oposición o un concurso, actúen diariamente. Ello supone que en torno al 18% de todos los asuntos que se ventilan al año en los Juzgados españoles se resuelvan sin haber sido examinados por un Juez profesional.
Reacciones desde la judicatura
Ante el anuncio no desmentido por el Ministerio de Justicia emitido por la agencia EFE y del que se han hecho eco diversos medios de comunicación de la no convocatoria de oposiciones a la Carrera Judicial este ejercicio 2012 y el anuncio que en el año 2013 se convocaran únicamente 55 plazas entre Jueces y Fiscales, Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial ha manifestado que "cuando se trata de una competencia compartida que debe ser abordada en la Comisión Nacional de Selección, de la que forman parte la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el propio ministerio".
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria comenta que "el cuerpo de opositores no se puede improvisar. El anuncio ministerial afecta a un gran número de personas, bien formadas y preparadas, que abandonarán definitivamente sus estudios y ello supone una pérdida de un valioso capital humano del que el Estado tardará años en recuperarse, si es que llega a hacerlo. De este modo, con esta decisión se está poniendo en peligro la forma actual de acceso a la carrera judicial, que garantiza la formación necesaria para el adecuado desempeño de la función judicial, juzgando y haciendo ejecutar la juzgado, mediante un sistema objetivo basado en el mérito y la capacidad". Desde este colectivo de jueces se afirma que "la medida aboca a la desaparición de la Escuela Judicial pues no puede mantenerse sin alumnos o con un número tan ridículo como el propuesto para el año 2013". Desde Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez ha observado que paralizar las oposiciones puede tener un efecto muy negativo, fundamentalmente en tiempos de crisis, cuando hay "incremento de la demanda de tutela judicial", más jueces resolverían de modo más veloz los asuntos, así que el anuncio del Ministro lo que hace es "redundar en perjuicio para los ciudadanos y para la economía".
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura su portavoz, Pablo Llanera, comenta a Legal Today que "desde el momento en que estamos, con una justicia es deficitaria como consecuencia de la inmovilidad durante cada una de las legislatura que hemos vivido, el compromiso debería ser dotar de jueces a una sociedad que además recurre mayoritariamente a los tribunales en sus conflictos. Por ello -añade Llanera- pedimos convocatorias regulares cada año". En el Foro Judicial Independiente analizan que "ya se están pagando 800 sueldos a 800 jueces interinos, no profesionales" así que "el criterio economicista no cuadra".
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial ha expresado que "sin un adecuado nivel de sanidad y de educación, España dejaría de ser un Estado Social, pero sin una justicia mínimamente efectiva dejaría de ser Estado de Derecho pues, no en vano la Justicia constituye su columna vertebral en cuanto que está llamada constitucionalmente a garantizar los derechos de todos los ciudadanos y el imperio de la ley" teniendo en cuenta además "el estado de postración y penuria de medios que viene arrastrando nuestra administración de justicia cuando los tiempos eran aun de bonanza"
