El próximo 1 de julio entra en vigor el nuevo Estatuto General de la Abogacía, que sustituye al actual, aprobado hace dos décadas. La norma, que consta de un artículo único, fue aprobada por el Consejo de Ministros. Entre sus principales novedades cabe destacar que regula por primera vez y de forma exhaustiva el secreto profesional, establece un nuevo régimen de responsabilidad disciplinaria, recoge por primera vez la creación de protocolos colegiales para denunciar ante el CGPJ retrasos injustificados y actos de los tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los letrados y ofrece cobertura a la prestación de servicios por medios telemáticos.
Con carácter general, el texto regula las condiciones de colegiación de los profesionales de la abogacía y las normas generales de funcionamiento de los colegios de abogados y de su Consejo General. Además, y según afirmó el Ejecutivo tras la reunión de la mesa interministerial, se adecúa a la legislación posterior a la aprobación del actual Estatuto, de 2001, con gran incidencia en el ejercicio de la profesión, como las leyes de transposición de la Directiva de Servicios, la Ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, y la Ley de sociedades profesionales.
Aprobado en 2013
La norma a la que el Gobierno ha dado ahora su visto bueno ha tenido que esperar ocho años para poder poner fecha definitiva a su entrada en vigor ya que fue aprobada en 2013 por el Consejo General de la Abogacía.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, afirmó ayer en una rueda de prensa que “es un día de fiesta para la abogacía, pero también para la ciudadanía, porque se preserva el derecho a la defensa”. Añadió que “este nuevo estatuto nos pone a la vanguardia de las abogacías europeas en cuanto a regulación”.
Desde el máximo órgano colegial informaron ayer de que el nuevo Estatuto regula por primera vez aspectos tan importantes para el ejercicio de la profesión como la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo, desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional, que protege y refuerza; y establece el reconocimiento expreso a los colegios de la Abogacía a presentar denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se producen reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado y ésta se haya visto amparada por la institución colegial. Por tanto, y a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, se establecen los cauces necesarios para que estas reclamaciones alcancen al órgano de gobierno de los jueces.
Regulación del secreto profesional
Desde Abogacía Española y en particular el decano del ICAM, José María Alonso, destacaron ayer la importancia de la regulación del secreto profesional, que se extiende a todas las personas que colaboran profesionalmente con el abogado. El privilegio de este secreto en las comunicaciones continúa también protegiendo las relaciones entre los profesionales y recoge, por primera vez, el derecho de los letrados y letradas a reclamar la presencia del decano de su colegio en el eventual registro judicial de su despacho. Asimismo, limita este tipo de registros a los archivos del caso que está bajo investigación. La presencia del decano colegial en los registros sólo estaba prevista hasta ahora a demanda del juez instructor o de la autoridad gubernativa.
Protección de los consumidores y ventanilla única
Por otro lado, el Estatuto ofrece una mejor regulación de los deberes de los profesionales de la abogacía con sus clientes, cumpliendo no solo con el deber de atención de manera diligente en el asesoramiento o defensa, sino también con obligaciones de transparencia.
De cara a consejos y colegios, se pone en marcha la ventanilla única de los colegios, para ofrecer, de forma clara y gratuita, información a los consumidores y usuarios. Destaca también la preocupación por fomentar un elevado nivel de calidad de los servicios prestados, así como su constante mejora.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, afirmó en una rueda de prensa que “es un día de fiesta para la abogacía, pero también para la ciudadanía, porque se preserva el derecho a la defensa”. Ortega hizo estas declaraciones tras la aprobación por el Consejo de Ministros del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española.
