Eduardo Torres-Dulce Lifante, Fiscal de Sala del Tribunal Supremo con destino en el Tribunal Constitucional, nuevo Fiscal General del Estado. Torres-Dulce es de tendencia moderada-conservadora y un reconocido cinéfilo.
Alberto Ruiz-Gallardón ya está instalado en el Ministerio de Justicia, y las instituciones empiezan a recordarle las cosas que hay que hacer. El Consejo General del Poder Judicial le ha hecho una lista que tiene que ver con más personal de la carrera judicial, no sólo administrativo y dependiente del Ministerio como hizo sin parar Caamaño.
Alberto Ruiz-Gallardón ya está en su nuevo destino y los jueces le han hecho "la lista de la compra". En realidad no es nada nuevo. De hecho, hace pocas semanas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, recordó en la Cadena SER junto con la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, que "la agilización no pasa sólo por suprimir fases de un procedimiento, eliminar recursos o modificar tramitaciones. Es importante, desde luego, pero claramente insuficiente si no se aplica una política transversal de la agilización. Es decir, tenemos que transformar las oficinas judiciales y alcanzar una estructura de servicios comunes realmente operativa, polivalente, flexible y de excelencia. Tenemos que poner en marcha, sin dilación, nuevas formas para evaluar el trabajo, controlar la dedicación, aplicar una verdadera política de personal que expulse de forma natural la ineficacia. Tenemos que evolucionar hacia la concentración de todos los servicios en grandes sedes, con jueces que ya no son titulares de una oficina judicial sino que pertenecen a una determinada jurisdicción, con horarios más adaptados a las exigencias de la sociedad"
Peticiones del Consejo General del Poder Judicial
Ayer mismo el órgano de gobierno de los jueces comunicaba oficialmente a Ruiz-Gallardón lo siguiente:
1.- La necesidad perentoria de creación de cincuenta unidades judiciales para poder dar destino a los integrantes de la 62 Promoción de la Escuela Judicial, que se incorporarán en el mes de marzo de 2012. Teniendo en cuenta la inmediatez de dicha necesidad, y los problemas económicos, la Comisión Permanente entiende que tales plazas deben ser creadas en órganos colegiados, o como Jueces de Adscripción territorial, toda vez que no genera un gasto añadido, más allá del sueldo a percibir por los titulares de las mismas.
2.- La necesidad de elaboración por parte del Ministerio de Justicia, de un plan de creación de nuevas unidades judiciales para los próximos tres años, con independencia de las que se contemplan en el apartado anterior, de manera que, de un lado vayan absorbiéndose las nuevas incorporaciones a la carrera judicial, y por otro se atienda a las necesidades derivadas del exceso de carga de trabajo actualmente soportado por los órganos judiciales españoles.
3.- La necesidad de dotar de continuidad a la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la carrera judicial, en consonancia con las conclusiones del estudio sobre la situación de los órganos unipersonales y colegiados asumido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el mes de junio pasado. Se tiene en cuenta a tal efecto que la paralización de los procesos selectivos indicados produciría sus efectos en los tres años siguientes, sin olvidar que el exceso de carga de trabajo que actualmente soportan los órganos judiciales requiere el aumento de Jueces y Magistrados.
Voto discrepante de Almudena Lastra
Al acuerdo expresó su voto discrepante la Vocal Dña. Almudena Lastra de Inés, en primer lugar por no considerar conveniente que sea la Comisión Permanente quien formule la petición al Ministerio de Justicia, sino que debería haber sido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. En segundo término, entendiendo que se puede hacer la solicitud de creación de las plazas reseñadas, pero no comparte la justificación del informe que sirve de sustento al resto de las peticiones contenidas en el acuerdo adoptado.
Nuevo Fiscal General del Estado
El Consejo de Ministros designará a Eduardo Torres-Dulce como Fiscal General del Estado durante los próximos años en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, según confirmaron a Europa Press fuentes conocedoras del nombramiento.
Torres-Dulce (Madrid, 1950) tiene desde marzo de 2000 la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo aunque en la actualidad está destinado en el Tribunal Constitucional. De tendencia moderada y conservadora, es considerado el número dos del escalafón del Ministerio Público, sólo superado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo.
Tal y como refiere Europa-Press, Torres-Dulce ingresó por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975 y se decantó al año siguiente por la carrera fiscal. Ha representado al Ministerio Público en la Fiscalía de Sevilla y Madrid y ha ocupado la plaza de teniente fiscal en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Desde 1985 estuvo destinado como Fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. En octubre de 1996 fue ascendido a la categoría de fiscal de Sala y nombrado fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En marzo de 2000 fue nombrado fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Sección de Lo Penal hasta junio de 2005.
Miembro de la conservadora Asociación de Fiscales desde 1980 y vocal del Consejo Fiscal, ha ejercido también como profesor de Derecho Penal en varios centros universitarios, entre ellos ICADE, el CEU y la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos.
