Rodrigo Martín Jiménez, Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad Rey Juan Carlos, desde 2002.
Con el trasfondo de la crisis por la que atraviesan los diversos sistemas productivos y sus secuelas en el ámbito de la protección social, es lógico que (a punto de finalizar el mes de noviembre de 2008) el pleno del Parlamento Europeo se haya ocupado de estas materias. En concreto, ha aprobado un Informe en el que se alerta sobre el envejecimiento de la población en los Estados miembros y sus consecuencias en el aumento en gasto público, principalmente en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración.
El informe (aprobado con 480 votos a favor, 44 en contra y 10 abstenciones) recomienda que se estudie retrasar la edad de jubilación sobre una base voluntaria e interesa que se mantengan los niveles adecuados de financiación de la Seguridad Social a fin de garantizar el futuro de los sistemas de pensiones.
DESAFÍOS DEL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL.- Numerosos datos socioeconómicos dibujan un escenario adverso para los trabajadores de edad avanzada (son los primeros afectados por las reconversiones y ajustes de plantilla, su reingreso al mercado de trabajo resulta muy difícil cuando salen de él, con frecuencia están menos preparados que los jóvenes), por lo que los ordenamientos jurídicos vienen incorporando diversos instrumentos tendentes a incentivar su contratación o a garantizar su protección social, pero sin renunciar a la adopción de medidas redistribuidoras del empleo existente ni sacrificar a ciegas la viabilidad financiera de la Seguridad Social, lo que genera un panorama especialmente complejo de "pesos y contrapesos".
De hecho, el de la jubilación es tema que aparece como encrucijada de las diversas perspectivas que pueden adoptarse para estudiar un fenómeno humano: Historia, Psicología, Economía, Sociología, Medicina, Religión, Política, Demografía, Geografía Humana, etc.
Son varias las previsiones constitucionales que debieran condicionar la política (así como las normas en que tales decisiones se traducen) respecto de los ciudadanos de edad. Con mayor o menor incidencia sobre el particular puede pensarse en la protección a la familia (art. 39), la salvaguardia de la salud física (art. 43), el establecimiento de un régimen de Seguridad Social que brinde asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad (art. 41), el derecho a disfrutar de una vivienda digna (art. 47), la atención a los minusválidos (art. 50) o el propio derecho al trabajo (art. 35), sin que esta enumeración sea exhaustiva. Sin embargo, y de modo específico, es el art. 50 el que se preocupa del tema al disponer que "los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". Pero, ¿cómo hacerlo en realidad?
Se sabe que el envejecimiento de la población conllevará un aumento del gasto público (pensiones, asistencia sanitaria, protección a la dependencia) difícil de afrontar. Ante ese panorama, la Eurocámara cree que los principales remedios han de proceder del cuadro macroeconómico: hay que reducir el paro y aumentar la tasa de empleo, con especial énfasis entre las personas con un elevado potencial laboral (discapacitados, mujeres, mayores). Conviene destacar este aspecto, porque muchos formadores de opinión optan por garantizar el futuro del sistema de protección social operando reformas sobre el mismo (endurecer condiciones de acceso, disminuir la protección, aumentar las incompatibilidades, someter las prestaciones al test de necesidad, etc.); el mejor antídoto para los achaques de la Seguridad Social no es otro que una situación de fortaleza y desarrollo de los aparatos productivos (empleo, cotización, impuestos, actividad, desarrollo, inversiones).
MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.- Acompañando a esa prioritaria atención al empleo y a la salud económica aparecen otras medidas que pueden ser interesantes para defender el futuro del sistema de protección social:
- Utilización inteligente de las nuevas tecnologías.
- Mejorar los servicios de apoyo para cuidado de niños y personas dependientes.
- Incentivación del trabajo a tiempo completo.
DEBATE SOBRE LA EDAD DE JUBILACIÓN.- El Parlamento Europeo, aunque con la diplomacia que lo caracteriza, ha entrado en el terreno minado del umbral de acceso a la pensión de jubilación, pidiendo "que se debata a escala nacional el retraso de la edad de jubilación". Eso tiene mucho sentido cuando la edad ordinaria está en los 65 años, la misma cifra desde que se comenzó a proteger la vejez (en 1919), pese a que la expectativa de vida se ha duplicado desde entonces.
En este punto da la impresión de que los estudios científicos (demográficos, actuariales, médicos) van por un lado y las expectativas sociales por otro. Por hablar del caso español, las sucesivas reformas en la LGSS para conseguir que se postergue el acceso a la pensión de jubilación, o que su percepción se compatibilice con un trabajo a tiempo parcial no tienen gran éxito. Por el contrario, las prejubilaciones (ocasionalmente a edades escandalosamente bajas) y las jubilaciones anticipadas siguen sumando personas en sus filas, al tiempo que la jubilación forzosa parece haber repuntado en la negociación colectiva.
Al indicar que el retraso de la edad de acceso a la jubilación debe edificarse sobre una base voluntaria se apuesta por los estímulos (a los interesados, a sus empresas) más que por la revisión de la edad ordinaria. No será fácil cambiar la frontera de los 65 años y sólo una concreta e indeseable amenaza de hecatombe financiera podría hacer cambiar las cosas.
EL PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO.- Puesto que las políticas públicas de Seguridad Social están en manos de los Estados (no de la UE) y las de empleo son compartidas (UE, Estado, Comunidades Autónomas, incluso Ayuntamientos) la Eurocámara se mueve en el cómo terreno de la exhortación.
Pide a los Estados que mantengan niveles adecuados de financiación de la Seguridad Social y de los sistemas de pensiones, buscando alternativas sólidas en el escenario globalizado; que preserven los valores y principios en los que se sustentan todos los sistemas de asistencia sanitaria (cobertura universal, solidaridad, la equidad, calidad, racionalidad). ¿Cómo negar acierto a esos objetivos? La cuestión radica en acertar con el camino para alcanzarlos. ¿Están en manos de los Estados los medios para ello?
A la postre, el Informe noticiado no aporta nada sustancialmente novedoso, pero sí da la tranquilidad de que nuestro Diálogo Social está bien enfocado cuando enfoca estos temas y no se le escapa nada sustancial.
