El responsable de Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid recordó ayer que el texto, tal y como está, ‘no contempla una prohibición al usuario ubicado en España de conectarse a la página web de un operador extranjero que ofrezca sus servicios en todo el ámbito mundial de internet' .
Bajo el título “Juego online en España. Actualidad Regulatoria” ECIJA y Awedacity celebraron en Madrid la primera Conferencia Internacional donde los principales expertos del sector a nivel nacional y europeo analizaron en profundidad la nueva regulación del juego en España y su impacto en la industria.
El Consejo de Ministros aprobó en febrero la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Regulación del Juego, que establece el marco regulador de las actividades de juego desarrolladas en el ámbito estatal a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, para dar mayor seguridad jurídica a todos los operadores del mercado y aumentar la protección sobre los usuarios de este tipo de servicios.
Se cumple la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, donde se instaba a presentar un Proyecto de Ley que regulara las actividades de juegos y apuestas, en particular las realizadas a través de sistemas interactivos basados en comunicaciones electrónicas.
El texto adapta la legislación estatal al nuevo escenario configurado por la irrupción de las múltiples y diversas actividades de juego electrónico aparecidas en los últimos años, que se han venido desarrollando en circunstancias que no cumplen los deseables principios de seguridad, transparencia, fiabilidad e integridad que deben regir las actividades que tienen por objeto las explotación de los servicios de juego.
La Ley del Juego, no obstante, sólo se refiere las actividades de juego que se desarrollen en el ámbito estatal, de modo que respeta las competencias que en materia de juego atribuyen a las Comunidades Autónomas los estatutos de autonomía.
Actividad en el sector
Esta semana se dieron cita en Madrid más de setenta representantes de los principales operadores del juego online y presencial europeos, así como representantes de los Reguladores de España, Malta y Alderney y abogados especialistas en juego para las jurisdicciones de Gran Bretaña, Italia y Francia. La Conferencia estuvo dirigida por Xavier Muñoz, socio del área de Gaming & Betting de ECIJA.
La sesión de apertura arrancó con un debate sobre ‘el Anteproyecto del juego online en España' donde Xavier Muñoz, inauguró el panel presentando los asuntos prioritarios a tratar por el Senado, entre los que destacó, por un lado, el régimen fiscal, donde advirtió que ‘la mayoría de juegos mantiene un tipo del 25%, un porcentaje muy elevado que ahuyentará a los operadores'. Y, por otro, la necesidad de tener ‘la definición del catálogo de juegos'.
La sesión contó con la participación de Fernando Prats, Director General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego del Gobierno de la Comunidad de Madrid, quién además de ofrecer un análisis pormenorizado de la nueva Ley del Juego y las enmiendas aprobadas por el Congreso, enfatizó la necesidad de ‘desarrollar un marco de cooperación entre las distintas CC.AA. en materia de políticas de regulación de juego, […], y de establecer un régimen fiscal adecuado'. Por otro lado, en cuanto al tema de ‘prohibiciones' en la nueva Ley, recalcó que ‘no contempla una prohibición al usuario ubicado en España de conectarse a la página web de un operador extranjero que ofrezca sus servicios en todo el ámbito mundial de internet' .
Respecto a la regulación de la publicidad y patrocinios deportivos, Prats comentó que la ‘Ley dice claramente que se autoriza la publicidad' no obstante puntualizó que ‘el regulador debería ser más específico sobre la aplicación formal del régimen publicitario', y animó a que las empresas interesadas soliciten al regulador que aclare este asunto. Respecto a los patrocinios deportivos, Prats, apuntó que ‘se mantendrán los términos de los contratos hasta que se den las licencias pertinentes' no obstante expresó que: ‘aunque los contratos de patrocinio sean contratos privados, su aplicación debe ajustarse a cualquier norma imperativa de orden público como podría ser la regulación de la publicidad" por este motivo volvió a reiterar que ‘la Ley debería ser más específica al respecto'.
Otro de los elementos más debatidos de la nueva Ley, para Prats ha sido, ‘el sistema de obtención de licencias de carácter estatal y su limitación', en este sentido, explicó que: ‘en la nueva Ley se ha suprimido el concurso y se ha llegado a un procedimiento concurrencial, lo cual ha sido un buen avance' -apuntó-. Por otro lado ‘se prevé que las licencias se otorguen por un periodo de diez años prorrogables, y probablemente sin límite para todos aquellos operadores que soliciten y cumplan con los requisitos establecidos'.
En cuanto al ‘timing' de las licencias tanto Prats como Alfredo González Echarren, Director del Servicio de Políticas de Seguridad del Gobierno de Navarra, durante la primera sesión del debate, coincidieron en que: ‘no va a ser una cuestión rápida, a pesar de que los responsables estatales afirmen que estarán disponibles a final de este año', debido a que ‘todavía no se ha formado el Consejo de Políticas de Juego ni los órganos reguladores para articularlo'. Por su parte, Sacha Michaud, Presidente de la AEDAPI, defendió que ‘como mejor podemos ayudares es enseñando al regulador cómo funciona nuestra industria en el ámbito regulatorio de las Comunidades Europeas'.
Para terminar, el panel trató la cuestión de ‘Loterías y Apuestas del Estado (LAE), ONCE y su posición en esta Ley', en este sentido, tanto Prats como Echarren, respecto a la actividad de los operadores públicos, que ostentan en exclusiva la comercialización de los productos de loterías y quinielas, argumentaron que, en la nueva Ley se establece que: ‘van a poder comercializar otros juegos', y comentaron que desde las CC.AA. se ha pedido que se atengan a las mismas reglas que el resto de los operadores. Finalmente Michaud, destacó que: la ‘LAE será, sin duda, un competidor muy fuerte en otros juegos'.
Durante el segundo panel, sobre perspectivas de los operadores en las condiciones de mercado actuales, Sacha Michaud, mostró la preocupación del sector en general por ‘los estándares de publicidad para competir en mercados regulados' y ‘por los requisitos que se impongan al usuario para su registro en las casas de apuestas que pueden suponer trabas a su uso de dichos portales'. Asimismo defendió la ‘creación de un marco regulador atractivo para las empresas, con tipos impositivos acordes para poder ser rentables, sin límite de licencias y productos, a fin de que el usuario y consumidor puedan disponer de productos atractivos'. Por su parte Eduardo Losilla, CEO de Quinielista.com, trató el tema de la posición jurídica de las entidades colaboradoras de la red comercial de LAE que, como ellos, también venden por internet desde hace muchos años y con el conocimiento de LAE. En su opinión esta es ‘otra actividad pendiente de clarificar en la nueva Ley'.
En el tercer panel sobre compañías de medios, entidades financieras y de telecomunicaciones, Manuel de la Fuente, Director de Publicidad Digital del Grupo Godó, explicó que los medios de comunicación se han organizado a través de la AEDE, para transmitir su mensaje al Gobierno, respecto al ámbito de aplicación de la Ley, en todo lo relativo a medios, en este sentido, expresó que hay incertidumbre en el sector, sobre: ‘la limitación en sí de las licencia en cuanto a las posibilidades de realizar publicidad'.
La cuarta sesión estuvo dedicada a la creación de un régimen fiscal apropiado para el juego remoto, Javier Gómez, responsable del área fiscal de ECIJA, aclaró que en las últimas enmiendas aprobadas, se contempla que la LAE, como sociedad privada, tribute por aquellos juegos que no tiene reservados en exclusiva. Por su parte Heliodoro Giner, Secretario General de la Asociación Española de Casinos, abogó por: ‘avanzar hacia un sistema fiscal armonizado para todo el sector'. Andrés Baez, Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, denunció ‘la falta de homogeneidad para las ayudas de Estado en fiscalidad'. La penúltima sesión estuvo dedicada a requisitos técnicos, homologación de equipos, requisitos seguridad y certificaciones, exigidas por la nueva regulación. Guillermo Rodríguez, Gerente del área de Riesgos IT de Deloitte, enfatizó al respecto la necesidad de ‘crear una legislación que establezca un sistema de gestión estándar' y explicó que ‘se está analizando en que las homologaciones actuales de las comunidades puedan ser extrapolables a la nueva regulación'. Asimismo destacó que sería deseable que ‘se estableciera un marco de seguridad más completo' para garantizar que los incidentes de seguridad sean mínimos. Alexia Smilovic, Directora de Desarrollo de Negocio, de TST GLI Europe, apuntó que ‘hay que asegurar que el juego sea siempre justo para el jugador'.
La sesión final estuvo dedicada a un debate sobre derecho comparado protagonizado por Gayle Kimberly, representante de la Autoridad del juego de Malta, Robin Le Prevost, Director de e-Commerce de Alderney eGambling, Joerg Hofmann, socio de Melchers y Nick Norton, socio de Jeffrey Green & Russell, que ofrecieron el panorama regulatorio de sus respectivos países. Gayle, defendió que en Malta, ‘creemos que las leyes deben ser lo más neutrales posible para evitar tener que enmendar la legislación, también consideramos que es esencial mantener una jurisdicción abierta, y reducir las duplicidades para los operadores'.
Para Robin Le Prevost, ‘Al contrario que los ingleses, si el régimen fiscal es erróneo, los jugadores españoles optarán por ir a otros operadores, aunque no estén regulados'. Nick Norton por su parte también apuntó que: ‘el impacto fiscal para los operadores es crucial, si grabas demasiado los operadores pierden interés y otros operadores van a ofrecer los servicios de juego de forma ilegal'. Para terminar Joerg Hofmann, destacó que ‘una licencia única no puede reflejar las realidades de cada país, no obstante los operadores deben unirse para acordar una serie de estándares comunes para la industria, por ejemplo en materia de seguridad'.
