(EP).- El Tribunal Supremo ha rechazado la querella por prevaricación que el abogado murciano José Luis Mazón presentó contra los magistrados del Tribunal Constitucional que el pasado mes de junio otorgaron el amparo a los once antiguos compañeros de este órgano que, en 2004, fueron condenados por el Supremo a pagar cada uno de ellos 500 euros a este letrado por la inadmisión arbitraria de un recurso presentado por el letrado que cuestionaba la designación «a dedo» de los letrados del propio TC.
Como esta decisión suponía que finalmente los miembros del tribunal de garantías no iban a pagarle, Mazón presentó una nueva querella, esta vez contra aquellos miembros del TC que habían amparado a sus predecesores por considerar vulnerado el derecho de todos ellos (ninguno de ellos a día de hoy en el tribunal de garantías) a la tutela judicial efectiva.
En una resolución notificada este martes, el alto tribunal zanja definitivamente la cuestión rechazando la admisión a trámite de la querella presentada contra el expresidente del Constitucional Pascual Sala y el resto de magistrados que conformaban el TC el verano pasado, antes de la última renovación, al estimar que los hechos denunciados carecen de relevancia penal. Igualmente archivan la querella respecto del fiscal jefe en el tribunal de garantías.
La sentencia del Supremo origen de todo este litigio, dictada en enero de 2004, condenó a la que fuera presidenta Constitucional Emilia Casas Baamonde y a los magistrados Javier Delgado, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y al fallecido Roberto García-Calvo, así como a los también ya ex miembros de este órgano Manuel Jiménez de Parga (que lo presidía en dicho momento), Tomás Vives, Pablo García Manzano y Pablo Cachón.
El Supremo consideró que los entonces integrantes del Constitucional –todos menos Jorge Rodríguez Zapata, que se incorporó al tribunal después de la polémica decisión– incurrieron en responsabilidad civil por inadmitir de plano el recurso de amparo del abogado Mazón.
