Sólo en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la cuantía total en litigio asciende aproximadamente a seis mil millones de euros.
Al perro flaco, todo son pulgas; dice el refrán, y la crisis económica no es ajena esta frase. Efectivamente, una Justicia rápida genera confianza, y la confianza, gran palabra, tan mal usada infinitas veces, genera riqueza, inversión, y capital; que es lo que hace falta. Dívar ayer, en el discurso que pronunció en el Acto de Apertura del Año Judicial, hizo alusión al atasco que viven las sedes judiciales, con especial referencia al Tribunal Supremo. Afirmó que la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene, en la práctica, boqueados seis mil millones de euros. El efecto multiplicador del dinero en movimiento los haría convertirse, de estar en el mercado, en muchos más. Verdaderamente, no sólo “Hacienda somos todos”, sino que “Justicia también somos todos”.
Ayer se inauguró solemnemente, con asistencia de numerosas autoridades, el año judicial, y muchos son los ecos que estamos viendo en los medios de comunicación.
De especial interés son las palabras de Carlos Dívar, que en estos días cumple un año en su cargo de Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Según sus mismas palabras, en el Supremo se deciden definitivamente litigios cuya importancia económica global no puede ser desconocida, ya que es de tal envergadura que puede tener una incidencia directa en el funcionamiento de la economía nacional.
Dicha afirmación la ilustró con un dato: sólo en la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la cuantía total que se encuentra en litigio, sumando la que está en disputa en cada uno de los pleitos que ante aquélla penden, asciende a una cifra aproximada a seis mil millones de euros; cantidad equivalente al triple del presupuesto de todo el Ministerio de Justicia para el año 2009.
Mientras no se alcance la definitiva puesta al día de todo el Tribunal, esa ingente cantidad de dinero, que podría estimarse en varios miles de millones de euros más sumando el conjunto de todas las Salas, se encuentra congelada y no revierte al circuito económico. De ese modo, se bloquean múltiples expectativas personales, empresariales e institucionales a corto, medio y largo plazo; y produciendo un conjunto de consecuencias indeseables, a las que hay que sumar la negativa repercusión que tal estado de cosas provoca en las relaciones sociales e institucionales, y la desconfianza de los ciudadanos hacia nuestra Administración de Justicia.
Por todo ello, en este momento, la consecución del objetivo señalado de lograr la puesta al día del Tribunal Supremo es, a juicio de Carlos Dívar, una cuestión de Estado en la que deben implicarse, de modo directo y sin reserva alguna, todos los Poderes, Instituciones y Administraciones. Además, teniendo muy presente la consideración de que esa actualización constituirá un importante factor dinamizador de la economía nacional, apreciación que no puede ser obviada en la actual situación económica de nuestro país.
El Presidente del TS cerró la referencia a este tema razonando que debemos tener presente que, una vez lograda la actualización deseada, que previsiblemente se producirá en 2012, el reto no desaparecerá. Se transformará en otro quizá menos brillante, pero igualmente necesario, que será el de conseguir que se logre consolidar esa situación de funcionamiento normal y de resolución en plazos razonables, sin que vuelva a sufrir jamás el colapso que ha padecido durante muchas décadas.