Este incidente constituye una inyección de esperanza para aquellos que creen en la posibilidad de una justicia global
Un alto cargo de la Casa Blanca señaló el pasado viernes que el gobierno estadounidense acepta la “realidad” de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta declaración constituye un giro radical en la posición de los Estados Unidos en relación a dicho tribunal de justicia. El funcionario norteamericano agregó que incluso ayudarían activamente a los jueces de la Haya en su investigación por las atrocidades cometidas en la región de Darfur, Sudán.
John Bellinger, asesor jurídico del Departamento de Estado Americano, sostuvo que "los Estados Unidos debe reconocer que la CPI goza de gran respaldo en la comunidad internacional, y que muchos países miran a este tribunal como el mecanismo de justicia más idóneo para perseguir a criminales que no reciben castigo en sus países". Las declaraciones del abogado norteamericano coincidieron con el décimo aniversario de la Corte. Tanto el entorno académico como el del activismo político se han mostrado perplejos ante las declaraciones de Bellinger. El director de Human Rights Watch ha demostrado su sorpresa al apuntar que este tipo de declaración "hubiera sido impensable hace tan sólo cuatro años".
En realidad, nadie se lo esperaba. Precisamente fue la administración del Presidente George W. Bush la que, en 2002, decidió renunciar al Estatuto de Roma, firmado meses antes por el presidente Bill Clinton. Bush no quería permitir que se enjuicie a los militares norteamericanos presentes en conflictos del mundo entero. Para los expertos en el tema, el hecho de que la gran potencia mundial no participase en el sistema penal de La Haya, hacía de estas normas de justicia universal poco más que un saludo a la bandera. Para el ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, las declaraciones de Bellinger constituyen una audaz movida por parte del staff de Condoleezza Rice, con el objetivo sería agradar a la élite intelectual americana. Bolton fue uno de los artífices de la renuncia del gobierno norteamericano al Estatuto de Roma.
Sin duda alguna, desde la perspectiva jurídica, este incidente constituye una inyección de esperanza para aquellos que creen en la posibilidad de una justicia global que trascienda las fronteras estatales.
