Mucha gente cree que el caso Mariluz ha provocado un cambio de sensibilidad en la ciudadanía en lo que respecta a los errores de la Justicia. En esta temporada, lamentablemente los telediarios tienen otra cita fija: el caso Marta del Castillo. Si en la primera ocasión el debate social se centraba en la descoordinación y embotellamiento de los juzgados, en este segundo, se trata de –aparte de la pericia o impericia de la policía- inadecuaciones del Código Penal a la hora de cubrir los diferentes niveles de participación de los sujetos en un delito. En este sentido, el fin de semana, el Decano del Colegio de Abogados de Sevilla se pronunció a favor de modificar el encubrimiento.
La realidad va descubriendo espacios de mejora en las leyes. Si hace dos meses se planteó la cadena perpetua, esta vez se trata de la inflexibilidad de las penas para el delito de encubrimiento. Aparte queda la macrorreforma del Código Penal planteada por Mariano Fernández Bermejo, que el Consejo General del Poder Judicial reveló no factible ténicamente.
El artículo 451 del Código Penal castiga con pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, encubra a los culpables. En la actualidad, y sobre todo con el caso Marta del Castillo, donde hay numerosos individuos que en alguna medida conocían los hechos, el texto se está presentado excesivamente rígido.
José Joaquín Gallardo, Decano del Colegio de Abogados de Sevilla, se manifestó el fin de semana acerca de la conveniencia de reforma del Código Penal. Se mostró partidario, concretamente, de que se abra la posibilidad de graduar la pena correspondiente al encubrimiento cuando el hecho sea de especial gravedad y afecte a menores.
El Decano abogó también por el incremento de la protección penal a los menores a través de endurecer las penas por diversos delitos. También planteó articular una serie de protocolos policiales para atender a las denuncias por desaparición de menores. Sin salir del ámbito de los menores de edad, Gallardo se mostró a favor de un incremento de las penas en los delitos contra la vida, y la integridad física, psíquica y moral, cuando las víctimas tengan menos de dieciocho años, para brindarles una protección penal más amplia.
