Para la Fiscalía General del Estado en su Memoria de este año "las dilaciones son de tal naturaleza que en ocasiones llegaron a provocar la prescripción del delito o delitos investigados, o cuando menos sentencias que por tardías serán absolutamente ineficaces" Ha entrado en vigor una reforma del Código Penal que se fija un nuevo tipo agravado de delito fiscal, eleva a seis años la pena máxima de cárcel y sube hasta 10 años el plazo máximo de prescripción.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el plan extraordinario de regularización fiscal ha aflorado al menos 40.000 millones de euros, lo que supone un muy significativo ensanchamiento de las bases tributarias que incrementarán la recaudación todos los años a partir de ahora.
El Ministro destacó que ninguna persona, física o jurídica puede favorecerse por la presentación de la declaración tributaria especial (DTE), en el supuesto de tener iniciado un procedimiento de regularización tributaria en vía administrativa o en vía judicial con carácter previo a la presentación de la DTE. Es decir, quien estuviera siendo investigado en un proceso penal no evita la continuación del proceso ni la posible condena por la presentación de la citada declaración.
Responsabilidades penales
Por otra parte, Montoro ha insistido en que no se puede dudar que las instituciones funcionan. Tanto la autoridad judicial, como la Fiscalía y la Agencia Tributaria están trabajando permanentemente para depurar responsabilidades penales derivadas de un posible fraude fiscal como de los delitos que se pudieran determinar. Aumenta la percepción del fraude fiscal
Además, indicó que la presentación de la DTE, al igual que ocurre con el resto de declaraciones tributarias, resulta plenamente compatible con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Así, no se puede aceptar que la DTE supone legalizar las conductas ilícitas que hayan generado recursos económicos. De modo que quien haya cometido un delito de blanqueo o de malversación seguirá siendo responsable de tales delitos.
Afloración de patrimonios
El Ministro resaltó también que la declaración tributaria especial incentiva el cumplimiento voluntario de aquellos que habían ocultado bienes y derechos a Hacienda. A diferencia de otros procesos especiales de regularización tributaria llevados en el pasado en los que se ocultaba la identidad de las personas que se acogen a los mismos, en éste se ha requerido la identificación del titular de los bienes y derechos, y por tanto, "no es opaco".
Con ello, el Ministro destacó que no solo se incentiva la repatriación de bienes y derechos sino también la tributación efectiva en ejercicios futuros.
31.500 declaraciones
En relación al citado plan extraordinario de regularización fiscal, que concluyó el pasado 30 de noviembre, la medida ha supuesto 1.192 millones de euros ingresados. La Agencia Tributaria ha recibido de 31.529 declaraciones, con un importe medio de 37.800 euros. El grueso de las declaraciones se concentraron en el mes de noviembre cuando se presentaron 29.242 declaraciones, por un importe a ingresar de 1.050 millones.
En cuanto a la distribución de las declaraciones presentadas, el 98% corresponde a personas físicas. Es decir, del total de 31.529 presentadas (29.683 contribuyentes), 30.871 se refieren a personas físicas (29.065 contribuyentes). El resto, 658 declaraciones (618 contribuyentes), corresponden a personas jurídicas.
Lucha contra el fraude
El Ministro recordó los últimos cambios normativos aprobados que potenciarán la lucha contra el fraude tributario. Destacó, en primer lugar la nueva ley antifraude, que es la más ambiciosa en la historia de la Democracia.
Entre sus novedades destaca la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros en operaciones en donde esté presente al menos un empresario o profesional, y una nueva obligación de informar sobre cuentas y activos situados en el extranjero. También se potencian las actuaciones para el cobro de las deudas tributarias como embargos preventivos.
A su vez, ha entrado en vigor una reforma del Código Penal por la que se fija un nuevo tipo agravado de delito fiscal. Por el mismo, se eleva a seis años la pena máxima de cárcel y se duplica hasta 10 años el plazo máximo de prescripción de este tipo de delitos. Por otra parte, el Gobierno está intensificando los convenios para evitar la doble imposición y potenciar los intercambios de información con otros países. El último ha sido firmado con Estados Unidos hace una semana.
Datos de la Fiscalía General del Estado
En la memoria de la Fiscalía de este año se destacan "las magnificas relaciones que cada una de las Secciones Provinciales vienen manteniendo con las Autoridades y Órganos a que nos vinculan nuestras funciones de investigación y persecución de los delitos que tenemos encomendados: AET, Haciendas Forales, Abogacía del Estado, Policía Judicial especializada, Vigilancia Aduanera, etc". Pero "lo que más sorprende al efectuar una aproximación al número de asuntos despachados, no es tanto la cifra de los mismos, cuanto el tiempo invertido en su investigación y enjuiciamiento".
"Este hecho, -sigue la Fiscalía- que con razón ha sido definido como 'el mayor cáncer que asola a la Administración de Justicia', es especialmente significativo en nuestra materia. Es cierto que las causas son variadas y no fáciles de eliminar (complejidad de la materia, atasco crónico de algunos Juzgados, oficina judicial obsoleta, diligencias complicadas de realizar, escasa colaboración de Abogados y Procuradores, remisión tardía de expedientes por la Agencia Tributaria, etc.), pero la constatación y análisis del fenómeno es absolutamente desolador, sobre todo cuando se observa que las dilaciones son de tal naturaleza que en ocasiones llegaron a provocar la prescripción del delito o delitos investigados, o cuando menos sentencias que por tardías serán absolutamente ineficaces".
