Justicia evitó 129 matrimonios de conveniencia en el primer trimestre de 2008
El Ministerio de Justicia evitó en los tres primeros meses de este año 129 matrimonios «blancos» o de conveniencia entre españoles y extranjeros ilegales que pretendían así obtener fraudulentamente la residencia o nacionalidad. Según el INE, 16.013 inmigrantes casados con un cónyuge español no conviven.

Los matrimonios "blancos" son el
método utilizado por algunos inmigrantes ilegales que se casan con españoles,
en operaciones amañadas generalmente por mafias, en las que llegan a pagarse
hasta 14.000 euros. Consiguen así la nacionalidad en el plazo de un año y automáticamente
la residencia.
En 2007, se celebraron en España 4.219 enlaces mixtos, y se evitaron otros 449
(un 10%) por considerarlos de conveniencia, según datos del Ministerio de
Justicia, que sin embargo no tiene estadísticas de este tipo de matrimonios
detectados en España, sólo de los que en segunda instancia se han declarado
fraudulentos.
La Dirección General de Registros y Notarías de ese Ministerio, ha establecido
mecanismos de prevención en los Registros Civiles que permiten atajar en parte
la picaresca y el fraude.
A través de entrevistas personales y por separado previas a la ceremonia, el
juez y el fiscal del Registro Civil pueden concluir que los contrayentes no
tienen voluntad de casarse sino de cometer un fraude, por lo que pueden negar la
celebración del enlace mediante un auto.
Contra ese auto cabe recurso ante la Dirección General de Registros y Notarías,
que en el primer trimestre de 2008 desestimó 129 y aceptó 41. Pero muchos de
los autos no son recurridos.
Desde el año 2000, han llegado a esa dirección 3.279 recursos, de los cuales se
han desestimado 1.845, es decir, se han evitado ese número de matrimonios
fraudulentos, mientras que se aceptaron 1.434.
FRAUDE RELEVANTE
"Este asunto se controla cada vez mejor, con independencia de que pueda
haber más casos porque hay más matrimonios", explica a EFE la directora
general de Registros y Notarías, Pilar Blanco-Morales.
La primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), presentada este jueves por
el Instituto Nacional de Estadística, refleja que de 2.365.237 inmigrantes
casados, un 26,5% (626.684), es decir, uno de cada cuatro, lo hizo con un
español, y de ellos 16.013 (2,6%) no conviven.
Esta última cifra incluye los matrimonios de conveniencia, que se casan sin
intención de convivir, pero también los de aquellos que residen separados por
cuestiones de trabajo o estudios.
Así lo explica a EFE Ignacio Duque, subdirector de Estadística de Población e
Inmigración del INE, que añade a estos dos grupos "un modelo que se
consolida en Europa, de no convivencia deseada, no obligada, lo que se conoce
como 'living apart together' (LAT)".
"En el conjunto de los matrimonios mixtos el fraude es relevante aunque
cada vez menos. Lo suficientemente relevante -dice Pilar Blanco-Morales, como
para utilizar los mecanismos preventivos y represivos previstos".
Una instrucción de esa Dirección General de enero de 2006 establecía como
orientación para deducir la simulación del matrimonio "el desconocimiento
por parte de alguno o de los dos contrayentes de los datos personales o
familiares básicos del otro y la inexistencia de relaciones previas entre los
ellos".
Blanco-Morales se opone a "criminalizar" el matrimonio mixto porque
muchos tienen legítimo derecho a hacerlo, ni lanzar mensajes
"xenófobos" partiendo de una sospecha por tratarse de extranjeros.
"Lo que se pretende es el equilibrio entre velar por los derechos de las
personas a contraer matrimonio y que no se comentan fraudes", afirma.
Y destaca que la instrucción de 2006 sustituye a otra de 1995, lo cual "es
muy significativo -dice- porque los extranjeros en ese período no
desaparecieron. Aquí hay quien se preocupa de hacer una política responsable y
quienes no se ocuparon de hacer nada", en referencia a los Gobiernos del
PP.
Los funcionarios de juzgados y registros civiles están actuando en general con
diligencia -dice Blanco-, pero alerta sobre la tendencia de algunos curas que
están casando a parejas sospechosas porque creen que su misión es "ejercer
la caridad y no denegar un sacramento".
POR DINERO, POR AMOR … O POR PAPELES
¿Dónde está el delito a la hora de contraer un matrimonio de conveniencia?.
"Hay gente que se casa por dinero, otros por amor, y otros por
papeles", afirma Jaime Nicolás, inspector jefe de la brigada de
extranjeros de la Jefatura superior de Policía de Madrid.
La del matrimonio de conveniencia es una vía "muy eficaz, muy difícil de
investigar, es muy difícil imputar a nadie", dice el inspector.
"Todavía estoy por ver un tipo penal que castigue casarse por
papeles".
"Pueden existir dos tipos de sanciones, -explica en este sentido Pilar
Blanco-Morales-, la civil que conlleva impedir la celebración del matrimonio o
anularlo si ya se ha producido en el extranjero, y la sanción penal en el caso
de la comisión de un delito, como la usurpación de estado civil".
La falsedad documental fue la figura delictiva utilizada por la brigada de
extranjeros de Madrid para destapar, desde mediados de 2006 y 2007, una
treintena de matrimonios de conveniencia de otros tantos nigerianos con
españolas en juzgados de Madrid, Alcalá de Henares y Fuenlabrada.
"El trabajo conjunto de registros civiles, policía y Asuntos Exteriores es
lo que da resultado", según Jaime Nicolás.
Las mafias que se dedican a captar futuros cónyuges actúan en pequeños grupos y
normalmente por el boca a boca, asegura el inspector. El que contacta es
alguien que lleva tiempo en España, que regenta locutorios o peluquerías, que
conoce gente. Buscan cónyuges españoles, normalmente gente necesitada de dinero
rápido.
La vía de Internet donde proliferan anuncios en esta dirección, no es objeto de
investigación por la Policía, aunque según Pilar Blanco-Morales, "detrás
de esos anuncios están generalmente las mafias".
Las "tarifas" son variables. En la última operación policial
registrada en Valencia y Tarragona el pasado 18 de abril, los organizadores
cobraban ente 7.500 y 14.000 euros por enlace, según la Policía.
De ellos, pagaban entre 2.000 y 4.000 euros al español que se prestaba al
matrimonio, 300 euros para los testigos, 60 para los recaderos y 200 para las
personas que empadronaban en su casa al contrayente extranjero.