El Ministerio de Justicia ha apostado por medir el resultado del trabajo de los jueces, las sentencias que dictan y la labor que realizan los secretarios judiciales y el resto de funcionarios de los juzgados a la hora de definir la carga laboral que deben soportar los magistrados.
Así se ha pronunciado la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015 en el Senado, donde ha apostado por que el Ministerio retome con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los baremos sobre la carga de trabajo de los juzgados.
La 'número dos' de Justicia ha abogado por arbitrar un mecanismo de reparto entre los juzgados para aliviar la situación de "desigualdad", por la cual unos están sobrecargados y otros no llegan a la media. Por ello, ha apostado por reformas organizativas y por una gestión de medios más eficiente.
Para ella, "no se pueden tomar por igual parámetros como la pendencia o la entrada" y "hay que medir por el resultado, el número de sentencias que dictan" los magistrados, "prestar especial atención al módulo de entrada y discernir qué labor hacen los jueces, los secretarios judiciales y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia".
Sánchez-Cortés, que ha mostrado su "extrañeza" por que Jueces para la Democracia presentara la demanda por la sobrecarga de los trabajos sin hacer ninguna mención durante su reunión con el Ministerio, se ha referido también a la limitación del número de jueces sustitutos impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón.
Según ha dicho, en 2014 se efectuaron unos 6.500 llamamientos de jueces sustitutos y cerca de 450 de ellos trabajan diariamente en los juzgados. Un total de 13 millones de euros se ha destinado a esta partida.