El Ministerio de Justicia ha presentado la “Guía de recomendaciones para la práctica de la exhumación en los casos de posible sustracción de recién nacidos”, que servirá de apoyo a los profesionales que intervienen en la investigación de las denuncias presentadas en relación con los casos de niños robados, cuyo objetivo es facilitar la averiguación de los hechos y la identificación de posibles progenitores con sus hijos.
El director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, la directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), Gloria Vallejo, y el director del Instituto de Medicina Legal (IML) del País Vasco, Carlos Cubero, justificaron en una rueda de prensa la necesidad de contar con una guía científica y técnica como la presentada, en las que se reúnen las conclusiones obtenidas en el encuentro mantenido, bajo la coordinación del Ministerio, por los directores de los Institutos de Medicina Legal de toda España en el Centro de Estudios Jurídicos el pasado verano.
En los casos de posible sustracción de menores, los años transcurridos y las circunstancias que los rodean hacen que la práctica pericial resulte compleja y que los análisis genéticos se conviertan en un elemento probatorio esencial para esclarecer lo sucedido.
Por eso resulta de vital importancia realizar las exhumaciones con el máximo rigor técnico para evitar contaminaciones externas y garantizar que los análisis periciales se realicen en las mejores condiciones para lograr la identificación.
Por ello, la guía, que complementa el protocolo de actuación del Instituto Nacional de Toxicología, se remitirá a todas las Comunidades Autónomas para que sea tenida en cuenta por sus Institutos de Medicina Legal.
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También se enviará al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, ya que son los jueces y los representantes del Ministerio Público los que pueden acordar las exhumaciones. De esta forma, se logrará la máxima coordinación entre los órganos judiciales, la Fiscalía, los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, órgano de referencia a nivel nacional.
A finales de diciembre, Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, remitió una circular a todas las fiscalías con el fin de unificar criterios respecto a los casos de niños robados, en la que, entre otras cuestiones, autoriza a realizar pruebas de ADN y exhumaciones sin la autorización judicial que se pedía hasta ahora en los casos de recién nacidos sustraídos de los hospitales inmediatamente después del parto para entregarlos a familias en adopción irregular.
Desde mayo de 2011 se han recibido en el Servicio de Criminalística del Instituto Nacional de Toxicología de Madrid un total de 52 asuntos en los que se investigan judicialmente presuntos casos de sustracción de recién nacidos. El Instituto ha emitido 49 informes y ha recibido, además, 104 asuntos con peticiones de identificación genética en los Servicios de Biología.
Dada la dimensión del problema de los casos de niños robados, la guía se suma a otros mecanismos articulados por el Ministerio de Justicia para garantizar la correcta atención de las personas afectadas,
- la oficina de atención a las víctimas, que está previsto que se ponga en marcha a lo largo del mes de febrero, y
- la base de datos única que a partir de ese momento reunirá los perfiles genéticos aportados por todas las personas afectadas.
