Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, y Julio Pérez Hernández, secretario de Estado de Justicia, mantuvieron ayer un encuentro con los decanos de los Colegios y Consejos Autonómicos de Abogados de las comunidades autónomas más afectadas por la huelga de funcionarios de Justicia para tratar de encontrar salidas viables a un conflicto que afecta a la abogacía y a decenas de miles de ciudadanos.
Carnicer, manifestó que "con el respeto profundo que nos merecen los derechos de los trabajadores y dentro del estricto cumplimiento del principio de legalidad, atendiendo al interés general que debe guiar las actuaciones de la Administración en general y del Ministerio de Justicia en particular, como partes gravemente afectadas, pero representantes además de personas en demanda del fundamental derecho a la tutela judicial efectiva pedimos a las partes en el conflicto, Ministerio de Justicia y asociaciones sindicales, que flexibilicen al máximo sus posiciones, para alcanzar cuanto antes una solución al conflicto".
El secretario de Estado de Justicia señaló que en este momento existen tres posibles soluciones que pongan fin a la huelga. En primer lugar se refirió a las retribuciones, ya que los sindicatos "no han variado su propuesta inicial" de un aumento de 200 euros con efectos de 1 de enero de 2008". El Ministerio asegura que no puede aumentar las disponibilidades presupuestarias y ofrece 60 euros con aplicación inmediata y efectos de 1 de enero, cincuenta más con el mismo efecto, pero que se pagarían en febrero de 2009, y otros 70, que se aplicarían a mediados de 2009, con diversas contrapartidas, algo que, como era de esperarse, no ha sido aceptado por los representantes sindicales en las 10 reuniones que hasta ahora se han mantenido.
Precisamente, la segunda dificultad es la de las contraprestaciones planteadas por Justicia para subir el sueldo a los funcionarios. El Ministerio vincula el mayor salario a una "mejora de los servicios públicos que noten los ciudadanos". En concreto, se trata de la implantación de la oficina judicial, el uso de las nuevas tecnologías y controles de puntualidad, absentismo y horarios, lo que, según el secretario de Estado, tampoco aceptan los sindicatos.
En tercer lugar, Pérez Hernández planteó la dificultad de establecer el coste de la huelga para los huelguistas, ya que "la ley dice que no se puede pagar a personas que no han trabajado". En este sentido, se está planteando que, en el caso de que la huelga termine con acuerdo, los descuentos en la nómina se hagan de manera fraccionada para que los funcionarios no lo noten tanto. Según el secretario de Estado, el Ministerio no pretende "ganar la huelga por goleada", sino que "queremos un buen acuerdo, y que la huelga acabe bien y pronto", en beneficio de todos.
Julio Pérez, por su parte, aseguró que desde su departamento se está trabajando con miras al "día después" de finalizada la huelga, donde desempeñarán "un importante trabajo los abogados". En este sentido, señaló que el Ministerio "tiene presupuesto y experiencia suficiente para solucionar la situación de congestión" que se ha producido en los juzgados desde que se inició la huelga, y se mostró confiado, al igual que el presidente del CGAE, en que la recuperación de este retraso será cuestión de semanas o meses, según los casos, y siempre menor a un año.
Sobre la posibilidad de que el CGAE actúe como mediador en este conflicto, Carlos Carnicer aseguró que "no está previsto y nadie nos lo ha pedido". No obstante, señaló que la esencia de la profesión es la mediación, el arbitraje y la conciliación. En cuanto a la cifra de 100.000 procedimientos afectados que han ofrecido los sindicatos, el secretario de Estado de Justicia consideró que está "redondeada al alza", pero que esto no resta importancia al problema. En cualquier caso, Carnicer apuntó que, efectivamente, son más de 100.000 ciudadanos los que se han visto seriamente perjudicados por la huelga.
Finalmente, los decanos acordaron que los Colegios, Consejos Autonómicos y el CGAE estuidien abrir negociaciones con alguna entidad financiera para arbitrar un sistema de anticipos de fondo a los abogados que puedan tener problemas a raíz de la huelga.
