La Agencia Tributaria defendió ayer la "imparcialidad" de su actuación como administrador concursal de Afinsa durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid para dirimir la recusación presentada contra Hacienda por los antiguos responsables de la filatélica y la asociación de consumidores Ausbanc.
El juez tiene ahora un plazo de diez días para dictar sentencia y decidir si aparta o no a la Agencia Tributaria de la tramitación del concurso. Los denunciantes piden su destitución por ser "juicio y parte" y el nombramiento de un nuevo administrador que podría proceder también de la Administración Pública para "aliviar los gastos del concurso", según la abogada de Ausbanc.
La representación legal de Afinsa incidió en "la contradicción" que supone la presencia de la Agencia Tributaria como administrador de un concurso en el que está presente a su vez como "acreedor y deudor" de la empresa en liquidación. "No puede compartir la bicefalia", defendió el abogado, quien alertó al tribunal de "estar dando una imagen de ligereza".
La Audiencia Nacional mantiene paralizada la decisión del papel de Hacienda dentro del procedimiento penal. El informe de la administración concursal le reconoce su condición de acreedora por la deuda correspondiente a los impuestos de los cuatro primeros meses de 2006 que quedaron sin pagar tras la intervención y que deberían de haber abonado bajo su condición de empresa mercantil.
En caso de que la actividad sea declarada financiera por la Justicia, Hacienda podría tener que devolver más de 210 millones de euros a Afinsa en concepto de las cantidades abonadas por el IVA e Impuesto de Sociedades. La Agencia Tributaria y Anticorrupción acusan a Afinsa de operar como empresas financieras y de captación de ahorro masivo.
La asociación de afectados y los antiguos gestores de Afinsa consideran que la Agencia Tributaria "no puede representar los intereses de los 200.000 inversores en el concurso" al haber sido "denunciante y haber participado en la investigación" contra la filatélica, según alegó la abogada de Ausbanc.
Los demandantes se acogen al artículo 124.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de recusación de peritos, que remite a su vez al artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que establece como causas de recusación de los peritos, entre otras, "ser o haber sido denunciante, querellante o acusador de cualquiera de las partes" y "tener interés directo o indirecto en el proceso".
El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, defendió que el procedimiento de contabilización de la cantidad que podría adeudar a Hacienda "está paralizado en la Audiencia Nacional" por lo que "hasta que no se resuelva el penal no se puede eliminar su condición de acreedor del concurso".
El representante de la Agencia Tributaria defendió que la denuncia se produjo "en defensa de los intereses generales" y que Hacienda "no ha participado en ninguna investigación judicial".
Por su parte, el representante de la administración concursal alegó que la Agencia Tributaria "no es denunciante, sólo es la autora del informe". Dicho informe, elaborado por la inspectora María Teresa Yabar, fue la raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra las filatélicas y que motivó la intervención judicial del 9 de mayo de 2006 contra éstas acusadas de actuar como empresas financieras y de captación de ahorro masivo.
El juez desestimó la declaración como testigo de la representante de la Agencia Tributaria en el concurso, Ana Fernández Leza. Los otros dos administradores concursales de Afinsa son el economista Benito Agüera y el abogado Javier Díaz-Gálvez.
