La Comisión Europea anunció hoy que llevará a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por considerar que las normativas española y catalana sobre urbanismo comercial obstaculizan la libertad de establecimiento de grandes superficies comerciales.
Bruselas remitió en octubre de 2007 un dictamen motivado en el que solicitaba formalmente a España la eliminación de estos obstáculos. En respuesta a esta petición, las autoridades españolas y catalanas "anunciaron que procederían a una reforma de sus normativas", pero no hicieron "ninguna precisión sobre las modificaciones previstas ni facilitaron el calendario exacto de su adopción". Por esta razón, la Comisión ha decidido acudir al TUE, según informó hoy en un comunicado el propio Ejecutivo comunitario.
Las normativas española y catalana prevén un procedimiento de autorización y, en el caso de la comunidad autónoma, una serie de documentos de planificación que se imponen para la implantación de superficies comerciales, lo que a juicio de la Comisión Europea no respeta el artículo 43 del Tratado sobre la libertad de establecimiento al incluir elementos "claramente limitativos".
Bruselas considera que el procedimiento para lograr la autorización es "complejo" y "restrictivo" y que, además, se apoya en gran medida en consideraciones de carácter económico y criterios "insuficientemente previsibles y objetivos. En el caso de Cataluña, se suma una "disposición que prevé que los representantes de los intereses económicos ya presentes participen, aunque sea de forma indirecta, en el proceso de toma de decisiones".