La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido sancionar con una «falta grave» –penada con multas económicas de entre 300 y 3.000 euros– al juez de Sevilla Rafael Tirado, investigado por no ejecutar una sentencia pendiente por malos tratos contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle.
La decisión se ha adoptado por una mayoría de tres votos a favor –los vocales Carlos Ríos, Juan Pablo González y Agustín Azparren– a dos en contra –las vocales Montserrat Comas y María Ángeles García–.
Este organismo del máximo órgano de gobierno de los jueces respalda con esta decisión el informe elaborado por el instructor –encargado por el propio Consejo– en el que se proponía sancionar al juez Tirado concretamente con una multa de 1.500 euros. La falta grave, contemplada en el artículo 418.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se aplica "por retraso injustificado en la iniciación o en la tramitación de los procesos o causas de que conozca el Juez o Magistrado en el ejercicio de su función".
Los dos votos discrepantes consideraron que deberían haberse devuelto las actuaciones al instructor para que éste formulara un nuevo pliego de cargos, calificando los hechos de falta "muy grave", de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales.
El instructor designado por el CGPJ para llevar a cabo esta investigación –el presidente de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea– aseguró en su expediente que la falta cometida por el magistrado no puede considerarse como muy grave porque lo único que puede reprochársele al juez es que "no prestara mayor atención" a la labor de los funcionarios de la sección que se ocupaba de tramitar las ejecutorias, cuyo trabajo se encontraba colapsado.
El informe explicaba que la Sección del juez Tirado –que debía tramitar los autos de ejecución de la pena de 21 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y un año por falsedad en documento oficial impuesto a Santiago del Valle por actos anteriores a la muerte de Mari Luz– presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.
POSTURA DE LA FISCALÍA
En contra de esa calificación se posicionó la Fiscalía, quien propuso elevar la sanción a falta "muy grave", penada con una suspensión de hasta tres años, traslado forzoso o incluso apartarle de la carrera judicial, tal y como solicitaba la familia de Mari Luz Cortés.
Tras analizar los hechos, el Fiscal constató que, "tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente Auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, el Juez Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años, ni tampoco examinó la ejecutoria en cuestión para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión".
Además, el Ministerio Público entiende que "en estas circunstancias –incomparecencia del penado, no suspensión de condena–, lo procedente habría sido ordenar la busca y captura del penado Santiago del Valle, expidiendo las requisitorias pertinentes".
A partir de ahora se abre un plazo no superior a un mes en el que previsiblemente el Ministerio Público recurrirá la decisión de la Comisión Disciplinaria ante el pleno del CGPJ. Es por ello que previsiblemente será el nuevo Consejo, surgido tras la renovación, el que tenga que determinar la decisión final.
JUAN JOSÉ CORTÉS Y BERMEJO
En declaraciones a Europa Press, el padre la joven Mari Luz, Juan José Cortés, señaló al conocer la calificación del Instructor, que la decisión tomada por la Fiscalía le parece "un acierto", ya que "si cualquier ciudadano está sometido al cumplimiento de la ley, los jueces también tienen que deberse a su órgano interno que vela y que regula los errores que ellos cometen".
Asimismo, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se decantó por la postura defendida por la Fiscalía a la hora de proponer la sanción para el juez de Sevilla, Rafael Tirado. Calificó la propuesta del Ministerio Público como "muy acertada a la realidad de lo acaecido" durante la presentación de la Memoria Anual de la Abogacía General del Estado la semana pasada.