La Comisión Europea ha propuesto crear una base de datos electrónica de los registros de antecedentes penales de todos los países comunitarios con el objetivo de que las condenas previas puedan ser tenidas en cuenta en toda la UE.
"Es importante establecer un sistema
concreto y fácil de usar a nivel europeo que permita un rápido intercambio de
información sobre las condenas previas de los delincuentes", afirmó el
comisario en funciones de Justicia, Seguridad y Libertades, Jacques Barrot, en
un comunicado.
El sistema actual "no ofrece resultados fiables", según un estudio
encargado en 2006 por la Comisión.
La propuesta de la CE establece la arquitectura general para crear una base de
datos informática que interconecte los registros de los 27 países comunitarios,
y busca dar forma a un acuerdo alcanzado el año pasado en el Consejo de la
Unión Europea (UE).
La Comisión tiene previsto entregar, a principios del año próximo, el nuevo
soporte informático necesario para interconectar las bases de datos nacionales,
que tendrán un formato "inmediatamente comprensible".
"Esta información, que es de relevancia particular para objetivos diversos
como el acceso a determinados empleos, no circula adecuadamente", recalcó
el Ejecutivo comunitario.
Esta propuesta se une a una serie de ideas presentadas por la CE para acelerar
el uso de internet en la justicia de los países comunitarios a fin de agilizar
el funcionamiento de los sistemas judiciales.
La Comisión ha presentado un documento con algunas ideas para promover la
"justicia electrónica" en la UE, entre las que figura también la
creación de un portal europeo para facilitar el acceso a la justicia para
ciudadanos y empresas de toda la Unión.
Ese portal, que estará listo para 2009, incluirá información sobre los derechos
de las víctimas y de los acusados en el sistema penal de cada país, así como
los remedios disponibles en disputas transfronterizas.
Además, la CE ha lanzado el Foro de la Justicia, que reúne a todos los
colectivos relacionados con la justicia (como jueces, fiscales, abogados,
traductores legales o académicos) para estudiar con el Ejecutivo comunitarios
las nuevas propuestas de Bruselas en este ámbito.
