El Parlamento Europeo ha criticado, a través de un Informe, la aplicación errónea en todos los países miembros de la Directiva que regula el derecho a circular y residir libremente en el territorio comunitario. Los diputados exigen, además, penalizaciones para los estados infractores.
Las dos infracciones a este respecto más comunes son, en primer lugar, la limitación de entrada y residencia de los miembros de las familias de países terceros y, en segundo lugar, imponer la exigencia de que los ciudadanos europeos adjunten a las solicitudes de residencia documentos adicionales. Los documentos solicitados de modo más habitual son permisos de trabajo y justificantes de que se cuenta con un alojamiento adecuado, puntos que no vienen recogidos en la Directiva.
El Informe, redactado por la Diputada rumana Adina-Ioana Valean, recuerda que la Comisión Europea ha recibido hasta ahora un número superior a 1.800 denuncias individuales, 40 preguntas del Parlamento y 33 peticiones, y ha iniciado cinco procedimientos de infracción por la aplicación incorrecta de esta Directiva. Además, a menudo los motivos que justifican una orden de expulsión varían de un Estado miembro a otro, son confusos; y podrían dar lugar a abusos.
Por lo que respecta a España, la norma comunitaria se traspuso a través del Real Decreto 240/2007, de un modo, efectivamente, restrictivo. Se eliminó la "tarjeta de residente comunitario", para pasar a una inscripción obligatoria, si se permanece más de tres meses, en el Registro Central de Extranjeros. Por lo que respecta a familiares no comunitarios, éstos han de obtener también una tarjeta específica.
El informe aprobado insta a los Estados miembros a que respeten el espíritu y la letra del artículo 18 del Tratado de la Union, y el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que reconocen a los ciudadanos de la Unión el derecho fundamental a la libre circulación, aplicando la Directiva 2004/38/CE con carácter exhaustivo y de urgencia, en particular basándose en el informe de la Comisión y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Urge, además, a que, a la hora de aplicar el derecho a la libre circulación y residencia, no impongan cargas administrativas excesivas ni a los ciudadanos de la Unión ni a los miembros de sus familias, incluidos los miembros de la familia de terceros países que no estén especificadas en la Directiva 2004/38/CE; ya que son contrarias al Derecho comunitario y representan un obstáculo injustificado al ejercicio de una libertad conferida directamente por el Tratado de la Unión.
Denuncia, por otro lado, que se está haciendo una interpretación abusiva de cláusulas como «recursos suficientes», «carga excesiva para el sistema de asistencia social del Estado de acogida», «motivos imperiosos de orden público y seguridad pública».
