El proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito quedará aprobada definitivamente el próximo viernes por el Pleno del Congreso, que debatirá y votará las siete enmiendas de PP y CiU que se han introducido en la norma durante su paso por el Senado, junto con una docena de correcciones técnicas.
Entre las modificaciones aprobadas por la Cámara Alta destaca el retraso de cuatro meses, hasta el 31 de octubre, de algunos preceptos de la norma, entre ellos la obligación impuesta a las entidades financieras de que constituyan un comité de nombramientos, uno de remuneraciones y otro conjunto de nombramientos y remuneraciones. No obstante, se mantiene la fecha límite de 30 de junio para las entidades que antes de esta ley ya estuvieran obligadas a contar con esos órganos.
Además, dos de los cambios amplían al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la potestad de dictar normas de contabilidad y los modelos a los que deben sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito, aunque será el Ministerio de Economía el que fije los informes preceptivos para ello.
En cuanto a las entidades de contrapartida central, se precisa en qué casos se puede aplicar el vencimiento anticipado de contratos y posiciones de un miembro -impago de obligaciones o apertura de procedimiento concursal en relación con los miembros y clientes o con la propia entidad-, y también se clarifica el tratamiento legal aplicable a las garantías constituidas por miembros y clientes en caso de concurso de acreedores de la entidad de contrapartida central.
Entidades de contrapartida central
En concreto, si la entidad quiebra y debe liquidar todos los contratos y posiciones de un miembro, los clientes y miembros que no hubieran incumplido sus obligaciones hacia la entidad gozarán de un "derecho absoluto de separación" respecto del sobrante de las garantías que, habiéndose constituido a favor de la entidad de contrapartida central, resulte de la liquidación de las operaciones garantizadas "con excepción de las contribuciones al fondo de garantía frente a incumplimientos".
El proyecto de ley de Ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, al que el Congreso dio luz verde a principios de mayo, está destinado fundamentalmente a transponer a la normativa española directivas comunitarias en materia de regulación bancaria.
En concreto, la norma se estructura en torno a cuatro ejes: el régimen jurídico de las entidades y el funcionamiento de los órganos directivos (idoneidad, honorabilidad, gobierno corporativo, transparencia, compatibilidades o remuneraciones), la supervisión prudencial (adecuación de capital a los riesgos, control del Banco de España, nuevos colchones de capital o sanciones), las modificaciones de la Ley del Mercado de Valores para extender las medidas a las empresas de servicios de inversión, y los cambios en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el nuevo régimen de las participaciones preferentes.
Aunque inicialmente había conseguido un amplio respaldo de las diferentes formaciones, la decisión del PP de incluir una enmienda fijando cuándo es el Ministerio de Economía el que ostenta el protectorado de una fundación bancaria provocó las iras de socialistas y nacionalistas, que decidieron no respaldar el texto. Dado que las enmiendas del Senado no modifican este aspecto, es poco probable que las posiciones se modifiquen.
