En política son naturales las diferentes concepciones de la Justicia. Se hace una política judicial, del mismo modo que se hace una de pensiones, o educativa. Lo llamativo es que en el Consejo General del Poder Judicial o en el Constitucional existan miembros a quienes no les importe manchar la imagen del órgano con una idea de enfrentamiento, sobre todo cuando ya se lleva así veintitrés años desde que se puso en marcha la Ley Orgánica del Poder Judicial, que llevó la politización no ya al gobierno judicial, sino a la Justicia.
Antes de que los fallos de la administración de justicia saltasen diariamente a los periódicos ya hacía mucho que la crisis y la necesidad de reforma eran tema recurrente en la vida política. La mediatización sólo le ha dado dimensión al debate. Hoy ya no faltan síntomas ni manifestaciones reales de la crisis, incluso un informe de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial que denuncia que la situación de los juzgados de ejecutorias tienen una situación inabarcable y pide al Ministerio de Justicia la implantación de un modelo de oficina judicial, tal y como ya había solicitado la propia Inspección en un informe de diciembre 2005; que es prácticamente el que se aprobó por el Gobierno del Partido Popular en 2003.
El lenguaje del desorden es el que domina el discurso sobre la justicia, pero no se ciñe a los países, sino que es algo global; como casi todo ahora. El año pasado el Informe mundial sobre corrupción 2007 de Transparencia Internacional que se presentó en Londres y que analizaba la percepción de la gente sobre los poderes judiciales en 32 países mostraba que el soborno y la influencia de los otros poderes del Estado hacen que prácticamente se niegue un juicio justo al ciudadano. Huguette Labelle, la presidenta de Transparencia Internacional, advirtió sobre los perjuicios de un mal que parece sistémico en la mayoría de los países analizados: cuando los tribunales ceden ante la corrupción por avaricia personal o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano de a pie sale perjudicado. La presión para fallar a favor de intereses políticos es intensa y genera crisis de confianza; cuestión que, como en todo, es corrosiva para una estructura.
El hermano ayudado por su hermano es tan fuerte como una ciudad amurallada. Sin embargo, ni eso. Son conocidas las rivalidades entre el Supremo y el Constitucional desde la creación del segundo a causa del empeño de la gente en convertirlo en la última instancia judicial en detrimento del Supremo. Ahora se une el hurto de las competencias de interpretación en última instancia de las normas por parte del Constitucional, sobre todo a raíz de la sentencia de Alberto Cortina y Alberto Alcocer que consideró prescrita su conducta en el caso Urbanor. El Constitucional, por el artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, interpretado con los artículos 171.1, 161.1 y 164.1 de la Constitución no puede apantallar al Supremo en el ejercicio pleno de las facultades del 123.1 de la Constitución, que establece que es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes salvo para garantías constitucionales.
En escalas inferiores hay muchos más casos. La última manifestación al respecto tuvo lugar concretamente el miércoles pasado, cuando la televisión retransmitió las declaraciones del juez de Ejecutorias de Madrid que se ocupa del cumplimiento de las condenas de los maltratadores. El juez vertía su preocupación porque la sobrecarga de trabajo que tiene, de 6000 sentencias esperando ejecución, podría hacerle responsable involuntario de una tragedia. Confirmó lo que ya se sabía, que ni él ni sus colegas tienen el modo de saber si un procesado en su juzgado está o no reclamado por otro, que el estamento judicial está muy preocupado por la situación, y que la desidia oficial se combina con la falta de efectivos y de medios.
Llama la atención que se diga que la reforma de la estructura y el ritmo de la Justicia deben provenir de un consenso de los partidos. En primera instancia, el PSOE quiere renovar Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros deberían haber cesado hace dieciséis meses, y renovar los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que deberían haber sido sustituidos hace medio año. El PP quiere vincular tales renovaciones al pacto por la Justicia, cosa que parece imposible porque los populares piden para ello al PSOE que retire sus proyectos, que son la reforma del código de Enjuiciamiento Criminal que haría crecer el papel de los fiscales en un proceso; y, en línea con la política autonómica que se viene anunciando en las noticias desde el inicio de esta nueva legislatura, un proyecto de ley que diseñaría la descentralización del Consejo General del Poder Judicial.
Lo que seguramente pasará es que los dos partidos formalizarán un pacto sobre el diseño del Estado de las Autonomías nada más que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Estatuto de Cataluña, y ahí incluirán los aspectos judiciales de la cuestión, la medida de la descentralización; y el papel definitivo del Tribunal Supremo.
Lo cierto es que Consejo y Constitucional están divididos en bloques irreconciliables de hecho, y coinciden con los partidos que propusieron a los vocales y a los magistrados, de forma que lo que pasa en la vida política se traslada a lo judicial y la realidad de cada votación es un enfrentamiento de partidos, ni siquiera de sensibilidades.
