Ángeles Carmona advierte de que las jóvenes sufren de forma más dramática el aislamiento, pues temen tanto al agresor como la reacción de sus progenitores y sienten vergüenza a reconocerse como víctimas. Un total de 45 mujeres menores de 21 años han sido asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003. Si bien la media de edad de las víctimas se sitúa en los 18,1 años, el 29 por ciento tenía entre 13 y 17 años. En todos los casos, los agresores eran más mayores que ellas. En la mitad de los casos, la relación entre víctima y agresor seguía vigente. Sólo 11 víctimas denunciaron antes de ser asesinadas
Un informe elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha analizado las muertes de mujeres menores de 21 años a manos de sus parejas o ex parejas, un total de 45 desde 2003, año en el que se empezaron a contabilizar las víctimas mortales de la violencia machista. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio, ha expresado su preocupación ante estos datos y ha apelado a la colaboración de los profesionales de la educación, una pieza clave en la lucha contra la violencia machista que afecta a las víctimas más jóvenes y más vulnerables.
Desde 2003, con la única excepción de 2015, todos los años ha habido que lamentar al menos un asesinato machista en el que la víctima contaba menos de 21 años de edad. El peor fue 2004, en el que fueron 9 las jóvenes asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Las 45 menores de 21 años asesinadas representan el 4 por ciento del total de víctimas mortales de la violencia de género en el ámbito de la pareja o ex pareja (1.113 mujeres) entre 2003 y octubre de 2021.
La media de edad de las 45 víctimas era de 18,1 años, casi 8 años menos que la media de edad de los agresores, que se situó en los 25,9 años. No obstante, el 29 por ciento de las asesinadas eran menores de edad. La más joven de ellas, una niña de 13 años, fue asesinada por su novio, un hombre de 39 años, que después se suicidó.
La distribución de las víctimas por edades es la siguiente: once de las jóvenes asesinadas tenían 20 años; 13 contaban con 19 años de edad; 8 tenían 18 años; cuatro, 17; 3 víctimas habían cumplido 16 años; y otras 4, 15 años. Las dos víctimas restantes eran niñas de 13 y de 14 años.
Los agresores, cuyas edades oscilan en su mayoría entre los 18 y los 30 años, eran mayores que las víctimas en todos los casos. Los autores de un tercio de los crímenes (33,9 %) tenían hasta 5 años más que las víctimas y los de un 25 % de los asesinatos eran entre 5 y 10 años mayores que las víctimas. Por último, un 21,4 % de los crímenes fue cometido por hombres 10 años mayores que sus víctimas.
Sólo uno de los agresores era menor de 18 años y otros diez, mayores de 30. La distribución por edad del resto de agresores es la siguiente: 7 de entre 18 y 20 años; 17 con edades comprendidas entre los 21 y los 25 años; y 10, de entre 25 y 30.
En el 60 por ciento de los casos, las víctimas eran de nacionalidad española, un porcentaje que desciende hasta el 46,7 por ciento para los agresores. El 40 por ciento de las víctimas y el 53,3 por ciento de los agresores eran de otras nacionalidades.
Sólo 11 víctimas habían denunciado
Sólo una de cada cuatro víctimas (en total 11, el 24,4 por ciento) había presentado denuncia contra su agresor con anterioridad al crimen y una de cada cinco (en total 10, el 22 por ciento) eran madres. Doce menores de edad quedaron huérfanos como consecuencia de los asesinatos de sus madres. Diez de esos doce niños y niñas eran hijos de los agresores; los dos restantes eran fruto de relaciones anteriores o posteriores de las víctimas.
En ninguno de los casos había existido vínculo matrimonial entre la víctima y el agresor, pero sí una relación afectiva. En el 33,3 por ciento de los casos, el asesino era el ex novio de la víctima y en el 15,6 por ciento, su ex compañero. En 5 de cada diez crímenes, la relación seguía vigente: en el 28,9 por ciento de los casos, el agresor era el compañero sentimental de la víctima y en el 22,2 por ciento, su novio. Siete de las 45 víctimas (15,6 %) convivía con su agresor cuando se produjo el crimen; en el 6,7 % de los casos, había una orden de alejamiento en vigor.
Suicidio del agresor
En uno de cada cinco crímenes (20,5 %), el agresor se quitó la vida después de asesinar a la víctima. Esta ratio está muy próxima a la general de todos los casos de muertes por violencia de género, que es del 21,7 por ciento.
En la mayor parte de los casos (65,9 %), el victimario fue detenido y en el 11,4 %, se entregó. Un 2,3 por ciento de ellos intentó suicidarse sin lograrlo.
El estudio analiza también el método empleado por el victimario para cometer el crimen, así como el lugar en el que se produjo. La mayor parte de las muertes (44,2 %) fueron por arma blanca, seguidas por las cometidas por asfixia o estrangulamiento (15 %), los golpes con o sin objetos (14 %) y el uso de armas de fuego (11,6 %). En el 7 % de los crímenes, la víctima fue arrojada al vacío. En otro 7 % de los casos, el agresor empleó otros modos para acabar con la vida de las jóvenes.
En cuanto al lugar del crimen, el 62 % ocurrieron en el interior del domicilio. De ellos, el escenario fue el domicilio de la víctima en el 42,9 % de los casos; el domicilio común en el 35,7 % y el del agresor, en el 21,4 por ciento.
El resto de los crímenes se cometieron en un paraje o espacio abierto (13 por ciento), en la vía pública (11 %), en el lugar de trabajo (5 %), en el vehículo (5 %) y en un establecimiento público (4 %).
La educación, clave en la prevención
Estas y otras conclusiones han sido objeto de análisis por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, que ha participado hoy en el “9th International Congress of Educational Sciences and Development”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada.
Carmona ha insistido en la importancia que la educación y la formación tienen para hacer más efectiva la lucha contra la violencia de género, máxime cuando las víctimas son mujeres jóvenes o, incluso, niñas y adolescentes, que por desconocimiento tienden a minimizar actos y situaciones que el Tribunal Supremo ha catalogado como delitos y a justificar a los agresores.
Las mujeres jóvenes, alerta la presidenta del Observatorio, sufren de una forma aún más dramática el aislamiento, pues temen al agresor, temen la reacción de sus progenitores y sienten vergüenza a reconocerse como víctimas.
Por este motivo, es imprescindible la implicación de los profesionales de la educación para que, en todas las etapas, incluida la universitaria, estén vigilantes y contribuyan en la detección de las situaciones de violencia de género.
Los datos, ha concluido Ángeles Carmona, ponen de manifiesto la necesidad de implicación por parte de toda la sociedad: “En estos días, 190 mujeres menores de 21 años llevan un dispositivo telemático, lo que significa que deben estar vigiladas las 24 horas del día al existir un riesgo alto para sus vidas”.
El informe íntegro está disponible en el siguiente enlace
