Hay protestas de los colectivos de ilegales Alfredo Pérez Rubalcaba se muestra a favor porque a día de hoy muchos procesos de repatriación no se llevan a cabo por la asfixia de plazos El objetivo de la norma en trámite es fijar un procedimiento común para la repatriación de los que permanezcan de forma ilegal en algún Estado de la Unión Europea Unas 300 personas, entre ellas diputados de Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea (IUE) y miembros de organizaciones de apoyo a los ‘sin papeles' se manifestaron hoy ante el Parlamento Europeo
Es difícil disponer de cifras fiables sobre la magnitud del fenómeno de la inmigración ilegal en Europa. Según datos de la Comisión, en 2004 se tomaron en la Unión Europea un total de 650.000 decisiones de expulsión, y se llevaron a cabo 164.000 repatriaciones forzosas y 48.000 voluntarias.
La Comisión Europea inició en 2005 los trámites para dotar al territorio de una normativa común de repatriaciones. En septiembre del año pasado, la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Ciudadanía del Parlamento Europeo adoptó un informe en el que el eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo Manfred Weber redactó el texto que hoy es el proyecto de Directiva europea.
El punto de partida para aplicar la futura Directiva es la permanencia ilegal. El objetivo es establecer un sistema horizontal de reglas, aplicables a quien permanece ilegalmente en un país miembro de la UE independientemente de la razón de la ilegalidad de la permanencia (por ejemplo, el vencimiento de un visado, el vencimiento de un permiso de residencia, la revocación o la retirada de un permiso de residencia, la decisión negativa final sobre un uso de asilo, la retirada de estado de refugiado, la entrada ilegal, etc.).
El texto se centra en el procedimiento de repatriación, sin definir lo que debe entenderse en cada Estado miembro por "ilegalidad" en la situación de un inmigrante. Se fijan dos etapas para tratar de incentivar el retorno voluntario. En primer lugar, al inmigrante en situación ilegal se le asegurará un período de entre 7 y 30 días para regresar voluntariamente a su país de origen. Tras ello, y sólo como segundo paso, se podrá emitir una orden de repatriación.
Un inmigrante ilegal repatriado de un Estado miembro de la UE hacia su país no podrá volver a entrar en otro Estado de la Unión, en virtud de una prohibición provisoria que sólo podrá volverse permanente en caso de grave y comprobado peligro para la seguridad nacional.
El primer paso consistiría en la decisión de repatriación, y el segundo en dictar una orden de expulsión. El proceso tendrá que ajustarse al tiempo máximo que el inmigrante pueda ser retenido en custodia temporal en algún Centro de Permanencia Temporánea. Su apartado más polémico y sobre el que giran las protestas es el que permite a los Estados miembros retener a los inmigrantes a la espera de expulsión en estos centros hasta un máximo de 18 meses; durante los cuales el inmigrante tendría derecho a recibir atención médica, o a recibir una educación en el caso de tratarse de un menor y a recibir las atenciones de organizaciones de apoyo y ayuda al inmigrante.
El texto actual sobre el que se está buscando acuerdo en el Parlamento Europeo es más duro que el proyecto de la Comisión de hace dos años y medio, ya que reduce el control de los jueces en los procesos de internamiento al permitir que los decidan también las autoridades administrativas.
Los grupos políticos dentro del Parlamento han mostrado una fuerte división, fruto de lo cual es la espera de una semana más para las votaciones. Representantes de populares y liberales respaldaron el texto y las mejoras que incluye en algunos aspectos, como el final de los internamientos indefinidos. De otro lado Izquierda Unitaria reiteró su rechazo. El socialista italiano Claudio Fava anunció hoy que pedirá que su grupo vote en contra, mientras que en los verdes se conjugan las duras críticas con la apreciación de algunos elementos positivos.
En nuestro país, Alfredo Pérez Rubalcaba se ha declarado tajante al respecto "Si somos laxos con la inmigración ilegal la avalancha no hay quien la pare". El ministro del interior ha defendido el apoyo de España a la nueva directiva asegurando que de aprobarse la propuesta no habrá un recorte de los derechos de los inmigrantes sino que permitirá superar obstáculos en el procedimiento. A este respecto, Rubalcaba ha informado de que en España hay un límite de 40 días, límite que el ministro considera demasiado corto si se tiene en cuenta todos los obstáculos que se presentan a la hora de llevar a cabo la repatriación. De hecho, en muchas ocasiones no se culmina la repatriación por el breve tiempo de internamiento.
Por otro lado, en estos momentos, un total de 9 países -Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Suecia- no contemplan en su legislación ningún límite para la retención de inmigrantes.
