La Ley de la Ciencia y Tecnología se perfila como uno de los motores.
El Secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Carlos Martínez Alonso, ha reivindicado el “papel fundamental” de la universidad en la salida de la crisis y en la implementación de un “nuevo modelo económico”. En este sentido, hizo hincapié en la relevancia de la generación del conocimiento como motor o medio de transformación social y del papel protagonista que las instituciones académicas han de desempeñar en este momento.
Así se ha afirmado en la clausura del Encuentro "Ciencia y Universidad, bases para la superación de la crisis", organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la que también intervinieron el Presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, Federico Gutiérrez Solana, y el Rector de la UIMP, Salvador Ordóñez.
En su intervención, Carlos Martínez reconoció que las universidades "siempre tienen sus momentos de crisis", pero aseguró que es la institución que, a lo largo de los últimos cinco años, "ha sido capaz de dar respuesta a la sociedad y que en el futuro lo seguirá haciendo en mayor medida".
En este sentido, se refirió a la Ley de la Ciencia y Tecnología, que, según dijo, establece una serie de objetivos que pueden ser importantes para el futuro de la competitividad y el avance científico de las universidades, de los organismos públicos y de la industria española. Ella "crea una carrera científica, promueve de manera extraordinaria la investigación en el sector privado, favorece la cooperación público-privada y, lo que es muy importante, crea vínculos de cooperación entre las Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas", destacó.
Por su parte, el Presidente de la CRUE reiteró el compromiso de la universidad española a favor de una sociedad "mejor y competitiva, capaz de innovar". No obstante, puntualizó que para conseguir ese objetivo es necesario "transferir todo el bagaje de conocimiento" y eso, en su opinión, "requiere conocimiento entre las partes y confianza".
"Tenemos 11.000 empresas innovadoras en España", recordó Gutiérrez Solana, bajo cuyo punto de vista, falta capacidad de innovar. Por ello, concluyó que "hay que poner en valor la investigación como tal, porque no seremos capaces de innovar si no seguimos alimentando la investigación y fomentando que ésta no es nada sin transferencia".
En la misma línea, recomendó crear "acciones" como, por ejemplo, doctorados que sean valorados no sólo para la actividad académica sino como una acción de colaboración con las empresas.
Situación normativa actual de la innovación en las Universidades
Hoy rige la Ley 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, que ha permitido un gran avance del sistema español de investigación en términos de tamaño, diversificación, infraestructuras, calidad y resultados. En estos veintitrés años, de todos modos, se han producido cambios sustantivos:
- Las Comunidades Autónomas han desarrollado sus competencias en materia de I+D.
- El entorno económico nacional se ha modificado radicalmente.
- Se ha incrementado y diversificado la acción de la Unión Europea en este ámbito.
- Se plantean nuevos desafíos vinculados a la ciencia y a la tecnología y al cambio en el modelo productivo, así como disyuntivas éticas.
El Grupo de Trabajo encargado de la elaboración del borrador para la nueva Ley está formado por expertos pertenecientes al ámbito de la investigación, la gestión de la I+D+i, la transferencia del conocimiento y la innovación.
Entre ellos figuran expertos que han tenido o tienen responsabilidades en política científica y tecnológica, tanto en la Administración General del Estado como en las Comunidades Autónomas.
