El CGPJ admite que hay "disfunciones" en las Administraciones de Justicia.
Hubo un tiempo en que la dinámica era acaparar -sí, “acaparar”- competencias autonómicas a toda costa, sin saber que cada cosa ha de tener su asignación presupuestaria. Con el nuevo panorama económico que tenemos delante, y unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, donde dije “ven” digo “vete”.
La entrada en vigor el 4 de mayo de 2010 de la reforma de las leyes procesales (Ley 13/2009, de 3 de noviembre) supuso el comienzo del despliegue de la Oficina Judicial.
El nuevo modelo organizativo rompe con la configuración clásica de juzgado para impulsar un nuevo sistema de gestión, apoyado en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La puesta en marcha de la Oficina Judicial se inició en noviembre de 2010 con la entrada en funcionamiento de las Oficinas Judiciales de Burgos y Murcia, seguidas de Cáceres y Ciudad Real, que se implantaron en febrero de este año, y León, Cuenca y Mérida, en junio.
Esta nueva Oficina Judicial lleva unos gastos que ahora empiezan a cuestionarse por parte de las Comunidades Autónomas.
Postura del Consejo General del Poder Judicial
Desde principios de año llevan diciendo desde el órgano de gobierno de los jueces que hay disfunciones en la Administración de Justicia.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, denunciaba que la no existencia de un órgano unificador de los sistemas de gestión procesal redunda en perjuicio de los profesionales y ciudadanos.
El CGPJ reclama cada vez que tiene ocasión más presupuesto, más plazas de jueces y más comunicación efectiva entre Gobierno y jueces.
Óptica del Presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento
Álvaro Cuesta, Portavoz de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados subrayó ayer en los Cursos de Verano de El Escorial que se trata, a su modo de ver, de "un ejercicio de hipocresía". Recordó los problemas que está teniendo la Comunidad de Madrid en cuanto a los pagos de la Asistencia Jurídica. A su parecer, las Comunidades Autónomas buscan ahora reunir más dinero para cosas que les den más visibilidad electoral.
